Dos grandes compañías marítimas de Florida lograron acuerdos extrajudiciales para cerrar demandas vinculadas al puerto de Mariel, en Cuba. Los casos estaban relacionados con propiedades confiscadas por el gobierno cubano tras la llegada de Fidel Castro al poder.
Las empresas implicadas son Crowley, con sede en Jacksonville, y Seaboard Marine, filial de Seaboard Corporation con sede en Miami. Ambas enfrentaban reclamaciones presentadas por una familia de Miami bajo la Ley Helms-Burton.
Demandas bajo la Ley Helms-Burton
Los litigios se apoyaban en el Título III de la Ley de Libertad Cubana y Solidaridad Democrática de 1996. Esta norma permite a ciudadanos estadounidenses demandar a personas o empresas que “trafiquen” con bienes confiscados por el gobierno cubano.
Durante años, ese derecho quedó suspendido. La situación cambió en 2019, cuando el presidente Donald Trump permitió su aplicación. Desde entonces, se abrieron decenas de demandas contra compañías acusadas de beneficiarse de propiedades expropiadas en Cuba.
En el caso de Seaboard Marine, el acuerdo llegó en enero de 2026. La demanda contra Crowley Maritime quedó desestimada a finales de abril, después de un pacto inicial alcanzado en febrero.
Los documentos judiciales indican que los términos de ambos acuerdos son confidenciales. Por ese motivo, no se conocen los pagos ni las condiciones pactadas entre las partes.
La familia Blanco Rosell y las propiedades confiscadas
El centro de las demandas estaba en Odette Blanco de Fernández. Ella es la única sobreviviente de los hermanos Blanco Rosell, antiguos dueños de Marítima Mariel y Azucarera Mariel.
Marítima Mariel tenía instalaciones portuarias en la bahía de Mariel, ubicada en la costa norte de Cuba. Azucarera Mariel poseía miles de acres de terreno alrededor de esa zona.
En septiembre de 1960, el gobierno de Fidel Castro ordenó la confiscación de esas propiedades mediante un decreto. La familia no recibió compensación por los bienes expropiados.
Tras la confiscación, los hermanos Blanco Rosell salieron de Cuba. Más tarde obtuvieron la ciudadanía estadounidense, lo que les permitió acogerse a las protecciones previstas por la Ley Helms-Burton.
Mariel, una zona clave para el gobierno cubano
Décadas después, el puerto de Mariel fue transformado en una moderna terminal de contenedores. El proyecto también incluyó una zona especial de desarrollo económico.
En esa transformación participó la empresa brasileña Odebrecht, luego desacreditada por escándalos de corrupción. El conglomerado militar cubano GAESA tuvo un papel central en el desarrollo del puerto.
Parte de esas instalaciones ocupan terrenos que antes pertenecieron a la familia Blanco Rosell, según las reclamaciones presentadas en los tribunales.
El puerto de Mariel se convirtió en una de las apuestas económicas más importantes del gobierno cubano. Su ubicación y capacidad lo volvieron una pieza relevante para el comercio marítimo de la isla.
El cierre de años de litigios
Los acuerdos alcanzados por Crowley y Seaboard Marine ponen fin a una disputa legal que se extendió durante años. También marcan otro capítulo en las demandas abiertas tras la activación del Título III.
Aunque los detalles permanecen bajo reserva, los casos reflejan el impacto legal que todavía tienen las expropiaciones realizadas en Cuba hace más de seis décadas.
