El Banco Central de Cuba autorizó a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) a participar en el pago de pensiones a jubilados, en un intento por aliviar la grave crisis de liquidez que atraviesa el país desde 2024.
La medida, implementada como plan piloto, busca aprovechar la capacidad de estos negocios privados para captar efectivo en sus operaciones diarias y redistribuirlo entre los beneficiarios del sistema de seguridad social.
La decisión surge en un contexto marcado por la escasez de dinero en efectivo, altos niveles de inflación y serias dificultades para acceder a servicios bancarios.
Esta situación ha impactado especialmente a los adultos mayores, quienes en muchos casos deben hacer largas filas durante días para poder cobrar sus pensiones. En zonas como La Habana del Este, se han reportado escenas de colas prolongadas y personas durmiendo en las aceras ante la falta de efectivo en los bancos.
El nuevo mecanismo comenzó a aplicarse el 14 de abril de 2026 en el municipio Playa, donde algunas Mipymes, como parte del programa piloto, realizaron pagos de pensiones utilizando herramientas digitales como Transfermóvil, combinadas con la entrega de efectivo a domicilio.
Según datos oficiales, en la primera jornada se lograron pagar 58 pensiones, lo que ha sido valorado como un resultado positivo inicial.
Las autoridades explican que esta estrategia permitirá descongestionar las sucursales bancarias y facilitar el acceso al dinero a los jubilados sin necesidad de desplazamientos. Además, se espera que el programa se amplíe progresivamente a otras regiones del país, siempre que más actores económicos se sumen a la iniciativa.
No obstante, el plan enfrenta desafíos importantes. Muchas Mipymes dependen del efectivo para operar en el mercado informal, donde adquieren divisas necesarias para importar productos o materias primas. Esta realidad podría limitar su capacidad de participar de forma sostenida en el pago de pensiones.
A pesar de ello, el Banco Central de Cuba hizo un llamado a más empresas privadas y comercios a integrarse en este esquema, destacando su potencial para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.
La medida representa un nuevo intento de adaptación del sistema económico cubano ante una crisis que continúa afectando tanto a instituciones como a ciudadanos.
