Estados Unidos anunció un nuevo paquete de sanciones contra nueve entidades cubanas y dos altos funcionarios del Gobierno de Miguel Díaz-Canel, en una nueva escalada de la presión de Washington sobre La Habana.
Las medidas buscan bloquear el acceso del régimen a recursos que la Administración de Donald Trump considera obtenidos mediante actividades ilícitas y reforzar las restricciones contra sectores estratégicos de la economía cubana.
El Departamento de Estado informó que las sanciones alcanzan a empresas vinculadas al sector energético, al conglomerado militar GAESA y al sistema de misiones médicas en el extranjero, uno de los principales generadores de divisas para el Gobierno cubano.
Las empresas cubanas sancionadas por EE.UU.
Entre las entidades incluidas en la nueva lista figuran el Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET), Empresa de Energía S.A. (ENERSA) y Einarbo S.A., todas relacionadas con la industria energética de la isla.
Washington también sancionó a varias compañías que, según su investigación, forman parte de la estructura utilizada por el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) para eludir las restricciones estadounidenses.
Entre ellas destaca la Terminal de Contenedores de Mariel S.A., operadora del principal puerto de contenedores de Cuba.
Sanciones al sistema de misiones médicas
Las nuevas medidas también afectan a entidades vinculadas al programa de misiones médicas cubanas, al que Estados Unidos acusa de operar bajo un esquema de trabajo forzoso y de retener una parte importante del salario de los profesionales enviados al extranjero.
Como parte de estas sanciones fueron incluidos la directora de la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM), Gretza Sánchez Padrón, y el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda.
Según el Departamento de Estado, las sanciones bloquean todos los bienes y activos de estas personas y entidades que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense y prohíben que ciudadanos o empresas de Estados Unidos mantengan transacciones con ellas.
Este nuevo paquete se suma a las sanciones anunciadas en junio, cuando Estados Unidos incluyó al propio Miguel Díaz-Canel, varios miembros de su familia y al coronel Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro.
Además, el Departamento de Justicia presentó recientemente una acusación contra Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996, un ataque en el que murieron cuatro personas.
El Gobierno cubano rechaza las medidas
La reacción de La Habana no tardó en llegar. El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, calificó las sanciones como un «acto de agresión» y acusó a Estados Unidos de intentar provocar una crisis humanitaria en la isla.
En un mensaje publicado en redes sociales, el canciller aseguró que cada nueva medida constituye un «castigo colectivo» contra el pueblo cubano y sostuvo que Washington mantiene una política destinada a intensificar la presión económica sobre el país.
Las nuevas restricciones forman parte de la estrategia de la Administración Trump para aumentar la presión sobre el Gobierno cubano mediante sanciones dirigidas a empresas estatales, entidades controladas por las Fuerzas Armadas y funcionarios considerados responsables de sostener la estructura económica y política del régimen.
