Los cubanos que obtuvieron la nacionalidad española por la ley de nietos afrontan una nueva disputa judicial sobre sus derechos electorales.
El partido de extrema derecha Vox presentó este 8 de octubre alegaciones ante el Tribunal Supremo para exigir que se aplique una suspensión cautelar de efectos electorales antes de las elecciones generales previstas, según la información publicada por El Debate, para el 29 de noviembre de 2026. La petición se refiere al voto de determinados beneficiarios de la norma, no a la retirada de su nacionalidad española.
Qué reclama Vox para el voto desde el exterior
El partido solicita que el Supremo rechace un recurso de reposición de la Abogacía del Estado y mantenga su auto del 10 de septiembre. También quiere que la Junta Electoral Central y la Oficina del Censo Electoral documenten cómo ejecutarán las medidas cautelares.
En concreto, Vox pide identificar a los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes cuyos efectos electorales estén suspendidos. Reclama que conste su provincia de asignación y que se certifique que no recibirán tarjeta censal ni documentación para votar.
Para quienes viven fuera de España, como muchos cubanos nacionalizados por la ley de nietos, la documentación electoral es un paso decisivo para participar en unos comicios. La solicitud de Vox busca impedir su envío a las personas afectadas por la suspensión mientras esta siga vigente.
El partido sostiene que el cierre del censo el 1 de agosto no impide ejecutar la medida. Según su argumento, suspender los efectos electorales de una inscripción no exige dar de baja a su titular del censo.
La discusión sobre los expedientes de nacionalidad
La Abogacía del Estado alegó dificultades para revisar los expedientes y distinguir cuáles incluyen pruebas del exilio de un ascendiente, según recoge el escrito de Vox. El partido replica que la propia Administración tramitó esas solicitudes y puede identificar la vía por la que se concedió cada nacionalidad.
Como respaldo, Vox cita un documento presentado por la Abogacía del Estado. Según las alegaciones, ese documento registra, hasta el 31 de agosto de 2026, 168.896 nacionalidades por el Anexo I y 195.872 por el Anexo III, correspondiente a hijos mayores de edad.
Esas cifras no indican cuántas personas quedarían sin votar. Vox las utiliza para argumentar que existen registros administrativos capaces de distinguir grupos de expedientes.
El escrito también incorpora un oficio de diciembre de 2022 sobre la aplicación de instrucciones relativas a la nacionalidad. A partir de ese documento, Vox cuestiona los criterios con los que la Administración exigió pruebas de exilio en determinados casos. Esa interpretación corresponde al partido y está pendiente de valoración judicial.
Qué está pendiente de decisión
Vox quiere que las autoridades electorales acrediten la ejecución de la suspensión antes de distribuir la documentación electoral. Además, solicita que se notifique a los interesados sin retrasar la medida.
Si la Junta Electoral Central no garantiza su cumplimiento, el partido propone ampliar la suspensión a otras inscripciones amparadas en la disposición adicional octava. Su propuesta permitiría que cada interesado acreditara individualmente su derecho electoral con la documentación exigida, pero esa ampliación aún no es una decisión del Supremo.
Las alegaciones responden a una providencia del 6 de octubre que concedió a las partes un plazo improrrogable de 48 horas para presentar sus argumentos.
