Cuba incluyó en su paquete de reformas una de las decisiones más sensibles del nuevo esquema económico: permitir la venta de propiedades estatales y transformar empresas públicas en sociedades por acciones.
La medida va más allá de una simple reorganización. También abre la puerta a la compra de participaciones, al arrendamiento de activos subutilizados y a la entrada de capital privado, extranjero y de cubanos residentes en el exterior.
Empresas estatales convertidas en sociedades
Uno de los puntos más relevantes es la transformación de empresas estatales en sociedades mercantiles por acciones o participaciones.
Esto significa que determinadas entidades públicas podrían dejar de funcionar bajo el modelo tradicional y pasar a operar con una estructura más parecida a la de una sociedad comercial.
El Estado definiría su participación accionaria en cada sector de la economía. En las áreas consideradas estratégicas, mantendría una presencia mayoritaria.
Esa aclaración busca marcar un límite político y económico. El gobierno no plantea retirarse por completo de sectores clave, pero sí permitir nuevas formas de capitalización y gestión.
La medida puede cambiar el funcionamiento de empresas con problemas financieros, baja productividad o activos subutilizados.
Compra de acciones por empresas y personas
El paquete contempla que las empresas estatales puedan comprar acciones de otras empresas. También podrían hacerlo formas de gestión no estatal y personas naturales, según la gradualidad que se defina.
Este punto introduce una novedad importante. No se trataría solo de reorganizar empresas desde el Estado, sino de permitir participación accionaria de otros actores.
La propuesta incluye a personas jurídicas estatales, no estatales, nacionales y extranjeras. También menciona a personas naturales.
En la práctica, ciudadanos cubanos y otros sujetos autorizados podrían adquirir participación en empresas surgidas del patrimonio estatal.
Todavía falta conocer qué empresas entrarían en ese proceso, qué porcentaje se podrá vender y qué mecanismos se usarán para evitar concentración o favoritismos.
Venta de propiedades estatales
La reforma también permite la venta de propiedades estatales a personas jurídicas y naturales, tanto nacionales como extranjeras.
El texto incluye a cubanos residentes en el exterior, siempre que puedan demostrar el origen lícito de los fondos.
Este punto puede abarcar inmuebles, locales, instalaciones, terrenos u otros activos hoy controlados por el Estado. La norma posterior deberá precisar qué bienes podrán venderse y cuáles quedarán excluidos.
Durante décadas, el Estado mantuvo un control amplio sobre propiedades, empresas, locales comerciales, instalaciones turísticas y activos productivos.
Con esta decisión, se reconoce la posibilidad de transferir parte de ese patrimonio a nuevos propietarios o gestores.
Avalúos antes de vender
Antes de vender, arrendar o convertir empresas en sociedades, el gobierno plantea realizar un programa nacional de valoración y titulación de activos empresariales estatales.
En términos simples, se trata de hacer avalúos para definir el valor real de esos bienes.
La propuesta incluye un inventario nacional de activos tangibles e intangibles del sistema empresarial. También se habla de valoración de mercado.
Esto puede incluir inmuebles, terrenos, marcas, equipos, instalaciones, tecnologías, derechos de uso y otros bienes vinculados a empresas estatales.
Sin una valoración clara, el proceso podría abrir espacio a ventas por debajo de su valor real, favoritismos o pérdida de patrimonio público.
Activos subutilizados en arrendamiento
El paquete también propone permitir que empresas estatales moneticen activos subutilizados mediante arrendamientos de largo plazo.
Esto aplicaría a diferentes actores económicos y a la inversión extranjera.
La idea es que locales, instalaciones, terrenos o espacios hoy paralizados puedan generar ingresos en lugar de seguir deteriorándose.
En Cuba abundan inmuebles cerrados, talleres sin uso, locales comerciales vacíos e instalaciones estatales en mal estado.
Si se aplica con reglas claras, el arrendamiento podría activar parte de ese patrimonio. Pero también exigirá licitaciones transparentes, contratos públicos y control sobre los beneficiarios.
Empresas con pérdidas podrían ser liquidadas
Otra medida de alto impacto es establecer procedimientos para la quiebra, liquidación y reestructuración de activos con pérdidas sostenidas en el sector empresarial.
Hasta ahora, muchas empresas estatales han seguido funcionando incluso cuando acumulan pérdidas durante años.
La reforma plantea cambiar esa lógica. Las empresas que no soporten determinadas condiciones económicas podrían ser reestructuradas, liquidadas o transformadas.
Este punto conecta con la intención de reducir subsidios al sistema empresarial estatal.
El gobierno busca aliviar la carga del presupuesto y obligar a las empresas a operar con mayor eficiencia. Pero el proceso puede tener efectos laborales y sociales si no se acompaña con protección para los trabajadores afectados.
Cubanos en el exterior podrán participar
La inclusión de cubanos residentes en el exterior es otro elemento importante.
La reforma contempla que puedan participar en la compra de propiedades estatales o en inversiones, siempre que acrediten el origen lícito de los fondos.
Esto puede atraer capital de emigrados interesados en negocios dentro de Cuba. También puede generar nuevas diferencias entre quienes tienen acceso a divisas y quienes dependen solo de ingresos en pesos cubanos.
Para muchos ciudadanos dentro de la isla será difícil competir por propiedades, acciones o activos frente a inversionistas con capital acumulado fuera del país.
Ese punto puede marcar una brecha visible en el acceso a las nuevas oportunidades económicas.
Una venta del Estado con muchas preguntas
El gobierno evita presentar estas medidas como una privatización general. Habla de sociedades mercantiles, venta de propiedades, participación accionaria, arrendamientos y capitalización empresarial.
Pero el cambio es evidente. Cuba aprueba una vía para vender propiedades estatales, compartir acciones y entregar activos a nuevos actores económicos.
La diferencia estará en el alcance. No es lo mismo arrendar un local vacío que vender participaciones en una empresa estratégica.
Tampoco es igual capitalizar una entidad con socios externos que transferir patrimonio público sin suficiente control.
Por eso, las normas posteriores serán decisivas. Tendrán que definir qué se vende, a quién, por cuánto, bajo qué procedimiento y con qué límites.
La reforma puede activar recursos paralizados y atraer capital. Pero también puede aumentar la desigualdad si solo acceden quienes tienen divisas, contactos o capacidad financiera.
El Estado cubano busca reducir pérdidas y obtener ingresos. Lo hace entrando en un terreno sensible: la venta o cesión de bienes que durante décadas fueron presentados como patrimonio de todo el pueblo.
