El gobierno cubano reforzará el control sobre contribuyentes y negocios privados. La ONAT y la Contraloría General firmaron un acuerdo para compartir datos financieros y detectar posibles fraudes fiscales.
Un nuevo sistema de vigilancia tributaria
La Oficina Nacional de Administración Tributaria y la Contraloría General de la República de Cuba suscribieron el convenio este jueves en La Habana.
El documento fue firmado por Mary Blanca Ortega Barredo, jefa de la ONAT, y Mirian Marbán González, contralora general.
En el acto también participó el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale.
Según la información oficial, el acuerdo permitirá usar sistemas informáticos y datos financieros para fortalecer las acciones de control.
Cruce de datos mediante INFOGESTI
El convenio contempla el uso del sistema informático INFOGESTI.
A través de esa plataforma, las autoridades cruzarán información financiera para facilitar la identificación de posibles fraudes o evasiones tributarias.
La Contraloría General, las contralorías provinciales y la del municipio especial Isla de la Juventud tendrán acceso ampliado a esos datos.
También podrán hacer consultas sobre contribuyentes específicos durante acciones de control en curso.
Uso de inteligencia artificial
El gobierno prevé incorporar herramientas de inteligencia artificial y algoritmos de análisis de datos.
El acuerdo indica que esos recursos pueden aportar información útil para detectar irregularidades.
La medida amplía la capacidad estatal para revisar operaciones financieras y buscar inconsistencias en declaraciones, pagos o movimientos vinculados a contribuyentes.
Más presión sobre el sector privado
El anuncio llega un día después de la Resolución 86/2026.
Esa norma obliga a cuentapropistas, MIPYMES y cooperativas a reportar operaciones sospechosas relacionadas con lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
En la práctica, convierte a esos actores económicos en parte del sistema de vigilancia financiera.
A esto se suma la facturación electrónica obligatoria para el sector privado en 2026.
También está vigente el Decreto-Ley 91/2024, que endurece sanciones y fija multas de hasta 72,000 pesos para infractores.
Déficit fiscal y deudas pendientes
El contexto económico explica parte de la ofensiva regulatoria.
El presupuesto cubano para 2026 proyecta un déficit de 74,500 millones de pesos.
Los ingresos tributarios estimados ascienden a 349,429.9 millones de pesos.
En 2025, las acciones de fiscalización detectaron deudas tributarias por 6,950 millones de pesos, un 15% más que el año anterior.
Sin embargo, más de 3,580 millones quedaron sin recuperar al cierre de ese período.
El foco está en las MIPYMES
El sector privado aparece como uno de los principales objetivos de estas medidas.
En Cuba existen más de 11,000 MIPYMES registradas. Estas generan el 31.2% del empleo y aportan el 23% de los ingresos fiscales.
En 2025, solo el 79.7% de los contribuyentes cumplió con la habilitación de cuentas bancarias fiscales.
El gobierno busca mejorar ese control mediante el cruce de datos y nuevas obligaciones financieras.
Desde 2024, las autoridades han aumentado la presión sobre los privados. Entre las medidas figuran la eliminación de exenciones fiscales y restricciones al uso de divisas en el comercio.
El acuerdo entre la ONAT y la Contraloría entró en vigor al momento de su firma. También podrá modificarse si ambas partes lo acuerdan.
