Los límites a determinados operativos electorales del DHS contra ciudadanos estadounidenses seguirán vigentes en nueve estados hasta el cierre de las urnas del 3 de noviembre.
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito rechazó el viernes 30 de octubre la solicitud del Gobierno de Donald Trump para suspender las restricciones. La decisión mantiene una medida cautelar, no una sentencia definitiva sobre todo el programa de investigaciones.
¿Qué actuaciones quedan restringidas?
La orden abarca California, Connecticut, Georgia, Missouri, Nevada, Nueva York, Pensilvania, Washington y Wisconsin. Impide ciertas operaciones de campo y entrevistas electorales que involucren, o probablemente involucren, a ciudadanos estadounidenses.
La protección alcanza a personas cuya ciudadanía los agentes conozcan, sospechen o deban razonablemente conocer o sospechar. También limita actuaciones basadas exclusivamente en determinados registros de la base federal TECS, creados mediante un sistema de comparación de elegibilidad electoral.
No se trata de una prohibición general de investigar el fraude electoral. El DHS conserva otras vías legales para examinar posibles infracciones, sin recurrir a las actuaciones específicas que quedaron restringidas.
El alcance para ciudadanos naturalizados
El caso afecta especialmente a estadounidenses naturalizados, entre ellos cubanos residentes en los estados incluidos. Las investigaciones descritas en el expediente también alcanzan a personas sospechosas de haberse registrado o votado antes de adquirir la ciudadanía.
Según la resolución, el programa cruza registros electorales con otras bases de datos para seleccionar personas que después pueden recibir visitas e interrogatorios. Los jueces advirtieron del riesgo de identificar erróneamente como extranjeros a ciudadanos naturalizados.
Esa posibilidad forma parte del conflicto judicial: una persona puede tener actualmente la ciudadanía estadounidense y aparecer con información desactualizada en los registros utilizados.
¿Por qué el tribunal mantuvo la medida?
La demanda comenzó en septiembre e incluye a la Asociación de Enfermeras de California, National Nurses United, la Fundación Voto Latino y autoridades locales californianas. Los demandantes sostienen que las visitas domiciliarias y los interrogatorios pueden intimidar a ciudadanos y desalentar su participación electoral.
El tribunal consideró suficientes los testimonios de miembros de las organizaciones de enfermería que habían abandonado actividades electorales por temor a esas operaciones. El reclamo se apoya en la sección 11(b) de la Ley de Derecho al Voto, que prohíbe la intimidación electoral.
El Gobierno argumentó que la restricción interfería con sus facultades para investigar posibles delitos electorales. Sin embargo, los magistrados concluyeron que no demostró un perjuicio irreparable durante los días restantes hasta las elecciones.
La medida cautelar expirará automáticamente cuando cierren las urnas el martes 3 de noviembre de 2026.
