La administración de Donald Trump anunció un nuevo recorte de fondos federales que afecta programas de asistencia, educación, vivienda, investigación y servicios para inmigrantes en Estados Unidos.
El dinero había sido aprobado previamente por el Congreso y ahora queda en el centro de una disputa política y legal sobre quién puede decidir finalmente cómo se gastan esos recursos.
La Casa Blanca presentó la medida como una nueva ofensiva contra lo que considera gastos públicos innecesarios o perjudiciales. El paquete supera los 800 millones de dólares y se acerca a los mil millones cuando se consideran las partidas que la administración busca cancelar o retener.
¿Qué ayudas y programas perderán financiación?
El mayor recorte corresponde a unos 567 millones de dólares administrados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos.
Esos recursos estaban relacionados principalmente con organizaciones y programas que ofrecen servicios a refugiados, solicitantes de asilo, otros extranjeros y menores no acompañados.
La Casa Blanca argumenta que estas partidas ya no resultan necesarias en la misma magnitud debido a la fuerte reducción de los cruces irregulares en la frontera. También sostiene que parte de ese gasto financiaba programas contrarios a las prioridades de la actual administración.
Los recortes no terminan allí. También alcanzan programas vinculados con estudiantes migrantes, educación internacional, investigación sanitaria, desarrollo empresarial para minorías y servicios de asesoramiento en materia de vivienda.
Educación, vivienda y pequeñas empresas también aparecen afectadas
Entre las partidas señaladas figuran alrededor de 70 millones de dólares para programas de educación internacional.
También aparecen unos 28 millones destinados a determinados proyectos de investigación del Departamento de Salud y Servicios Humanos.
La administración ha incluido igualmente fondos para programas de desarrollo empresarial dirigidos a minorías y servicios de asesoramiento sobre vivienda.
Esto último resulta relevante porque esos programas pueden orientar a familias sobre compra de viviendas, alquileres, prevención de ejecuciones hipotecarias y otros asuntos relacionados con el acceso a la vivienda.
La eliminación o reducción de una partida federal no significa necesariamente que cada beneficiario individual pierda automáticamente una ayuda económica. En muchos casos, el dinero se entrega a agencias, organizaciones o programas que posteriormente prestan servicios a determinadas poblaciones.
La Casa Blanca defiende los recortes
El gobierno de Trump sostiene que está utilizando las herramientas disponibles para eliminar lo que considera gasto público derrochador.
En su comunicado oficial, la Casa Blanca afirmó que el presidente pretende proteger a los contribuyentes y poner fin a programas que, según su valoración, no benefician suficientemente a los ciudadanos estadounidenses.
La administración está utilizando para ello un mecanismo conocido como «pocket rescission» o rescisión de bolsillo.
El procedimiento consiste en enviar la propuesta de cancelación cuando queda muy poco tiempo antes de que expire el año fiscal. De ese modo, los fondos pueden vencer antes de que el Congreso complete los 45 días previstos para examinar una solicitud presidencial de rescisión.
Republicanos y demócratas cuestionan la medida
La decisión ha provocado críticas desde los dos principales partidos.
La senadora republicana Susan Collins, presidenta del Comité de Asignaciones del Senado, cuestionó que la administración retuviera fondos aprobados por el Congreso sin la participación adecuada del poder legislativo.
Desde el Partido Demócrata, la senadora Patty Murray acusó a la Casa Blanca de apropiarse de facultades presupuestarias correspondientes al Congreso y recordó que las partidas habían sido aprobadas mediante acuerdos legislativos. Su declaración fue publicada por el Comité de Asignaciones del Senado.
La controversia, por tanto, no se limita a qué programas deben recibir dinero. También enfrenta al Ejecutivo y al Congreso sobre los límites del poder presidencial para cancelar gastos ya aprobados.
¿Son legales estos recortes?
La legalidad del mecanismo es objeto de disputa.
La Oficina de Responsabilidad Gubernamental, conocida como GAO, ha sostenido anteriormente que las llamadas «pocket rescissions» no están autorizadas por la Ley de Control de Retenciones de 1974.
Según esa interpretación, el presidente puede solicitar al Congreso que elimine determinados gastos y retener temporalmente esos fondos durante el proceso. Si el Congreso no aprueba la rescisión, el dinero debe quedar disponible para ser utilizado antes de su vencimiento.
La administración Trump mantiene una interpretación diferente y defiende que su actuación está permitida por la ley.
La disputa podría derivar nuevamente en litigios, como ocurrió con otras decisiones presupuestarias de la administración.
¿Quiénes pueden notar las consecuencias?
Los efectos dependerán del programa concreto y de cómo se ejecuten finalmente los recortes.
Entre los sectores potencialmente afectados aparecen refugiados y solicitantes de asilo, menores migrantes, estudiantes vinculados con determinados programas educativos, emprendedores que utilizan iniciativas de apoyo empresarial y personas que reciben orientación sobre vivienda.
También pueden verse afectados proyectos de investigación y organizaciones que dependían de subvenciones federales.
Por ello, no se trata de un nuevo recorte general del Seguro Social, SSI, SNAP o Medicare. Las partidas anunciadas corresponden a otros programas federales específicos.
La medida llega además cuando Washington vuelve a discutir el alcance del poder presidencial sobre el presupuesto federal y las facultades que la Constitución reserva al Congreso para aprobar el gasto público.
