Activistas llevaron unas 170 firmas de residentes al Ayuntamiento de Doral el miércoles 7 de octubre para exigir el fin del acuerdo 287(g) con ICE.
La concentración tuvo lugar antes de una sesión del Concejo Municipal prevista para esa tarde. Los participantes buscaban presentar allí las firmas y pedir a las autoridades locales que cancelen el convenio.
La protesta reunió a representantes de la ACLU de Florida y la Florida Immigrant Coalition. Su reclamo apunta a un acuerdo que autoriza a policías locales a desempeñar determinadas funciones migratorias bajo supervisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE.
Los activistas cuestionan la obligación de mantener el convenio
Sam Lester, de la ACLU de Florida, sostuvo que Doral puede retirarse del acuerdo 287(g). También rechazó la idea de que el gobernador de Florida pueda destituir a funcionarios municipales por tomar esa decisión.
Jeanette Infante, abogada del Southern Poverty Law Center, citó el artículo 908.11 de la ley estatal para apoyar esa postura. Según su interpretación, Doral no figura entre las entidades obligadas a suscribir un convenio de este tipo. La discusión sobre esa obligación forma parte del reclamo de los activistas, no de una decisión anunciada por el Concejo.
Thomas Kennedy, analista de la Florida Immigrant Coalition, contó que representantes del grupo se reunieron con la alcaldesa Christi Fraga días antes de la protesta. Describió la conversación como una reunión de buena fe, aunque afirmó que todavía no había producido un resultado concreto para la comunidad.
Fraga pide cambios, mientras los vecinos describen temor
Fraga dijo que su equipo envió una carta a una oficina fiscal estatal para buscar cambios en el convenio. Aseguró, además, que las prácticas fundamentales de la policía de Doral no han variado.
La alcaldesa afirmó que los agentes de la ciudad no habían completado la capacitación vinculada al acuerdo. También sostuvo que no quería ver perjudicadas a familias de la comunidad, en particular a quienes siguen un proceso migratorio.
Durante los comentarios públicos, vecinos relacionaron el temor a las detenciones migratorias con una menor actividad en negocios locales. Un participante afirmó que algunos comercios familiares reportaban caídas de ventas de hasta el 70 %. Esa cifra corresponde a su testimonio y no a una medición general de las ventas en Doral.
La residente Liz Rebecca Alarcón describió una ciudad con menos personas en las calles y vecinos asustados. Para los participantes, la situación refuerza su petición de terminar el acuerdo, aunque la alcaldesa sostiene que los residentes están seguros bajo su gestión.
La petición aún no cambia el acuerdo
El reclamo de Doral se suma a otra protesta realizada en septiembre frente al Ayuntamiento de Miami para pedir el fin de un convenio similar. En Doral, llevar las firmas al Ayuntamiento no canceló el acuerdo: hasta la noche del 7 de octubre no se había comunicado una votación del Concejo para terminarlo.
