Las redadas de ICE en Doral han llevado a una venezolana con una solicitud de asilo pendiente a reducir sus salidas a lo indispensable.
Del trabajo a casa
María, de 52 años, vive con su esposo y sus hijas en esta ciudad de Miami-Dade desde 2019. Su nombre fue cambiado a petición de ella para proteger su identidad. Ahora sale principalmente para ir al trabajo.
Dejó de caminar por el parque, asistir a clases de baile y reunirse con amigos. También acepta que otra madre lleve a su hija a la escuela. Antes de salir, consulta reportes sobre la presencia de agentes migratorios en las calles.
El temor aumentó después de que ICE detuviera a un primo suyo en Orlando en junio. Según María, él también tenía una solicitud de asilo pendiente. Ella asegura que su propio caso sigue activo, aunque todavía espera una entrevista.
La preocupación ha afectado su salud, según relata. Describe un tic persistente en el ojo derecho y tensión en la cara. Tiene previsto acudir a una evaluación médica por esos síntomas.
Una familia pendiente de su situación migratoria
La familia pidió asilo después de viajar a Estados Unidos en 2019. María cuenta que decidió no regresar a Venezuela tras amenazas contra su esposo y el secuestro de un familiar.
En 2021, ella y su familia obtuvieron el Estatus de Protección Temporal, conocido como TPS. La posterior decisión del gobierno estadounidense de terminar esa protección para los venezolanos añadió incertidumbre a sus planes.
«Siento que esto es como un secuestro», dice María sobre las restricciones que se ha impuesto por miedo a una detención. La experiencia de su primo alimenta ese temor, aunque las circunstancias de ambos expedientes migratorios pueden ser distintas.
El acuerdo de Doral con ICE
El Consejo Municipal de Doral aprobó en abril de 2025 un acuerdo 287(g), que establece la colaboración de la policía local con ICE. El 22 de septiembre de 2026, el alcalde de South Miami, Javier Fernández, pidió ante la alcaldía de Doral que se revocara.
La alcaldesa de Doral, Christi Fraga, respondió que retirar el acuerdo no cambiaría las leyes migratorias federales ni detendría los operativos de las autoridades nacionales.
María y su esposo contemplan salir de Estados Unidos. Antes, prevén cerrar su caso de asilo y estudiar un posible traslado a Canadá, donde vive un hermano de él.
