Varios hechos relacionados con robos, daños y afectaciones a instalaciones estatales se investigan en Pinar del Río como presuntos delitos de sabotaje. La Fiscalía Provincial confirmó que los expedientes siguen en fase investigativa y abarcan casos vinculados con el sistema eléctrico, las telecomunicaciones y las reservas de combustible.
¿Qué establece el delito de sabotaje en Cuba?
Los procesos se tramitan bajo el artículo 125 de la Ley 151 de 2022, correspondiente al Código Penal. También se toma como referencia el Dictamen número 475 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular.
Ese dictamen amplía la interpretación del delito cuando una acción afecta infraestructuras consideradas esenciales para el país. Entre ellas aparecen las redes eléctricas, los sistemas de transporte, las telecomunicaciones, los parques solares y los grupos electrógenos.
El documento establece: “Responde por este delito, el comisor que ejecuta los actos descritos de forma intencional (dolo directo) , o aquel que lo realice a sabiendas que puede producir este resultado(dolo eventual)”.
También considera sabotaje ciertos robos o daños que comprometan instalaciones estratégicas, incluso cuando la intención inicial haya sido obtener dinero mediante la venta de piezas o combustible.
Robo de una pieza de un transformador
Uno de los casos se produjo en la loma de Timbo, en el municipio de San Juan y Martínez. Según la información divulgada, un imputado sustrajo la varilla a tierra de un transformador eléctrico.
La pieza fue vendida posteriormente por 5000 pesos. Su función consiste en estabilizar la tensión del sistema y evitar problemas de bajo voltaje.
La persona que compró la varilla también figura como acusada. Uno de los implicados permanece en prisión provisional mientras avanza la investigación.
Sustracción de combustible en grupos electrógenos
Otro expediente involucra a un trabajador de la central eléctrica ubicada en el reparto Capó, conocida como Briones Montoto. Durante un turno de madrugada habría extraído 300 litros de diésel del depósito de un grupo electrógeno.
El combustible fue colocado en recipientes plásticos de 20 litros y pasado por encima de una cerca. Tres personas esperaban del otro lado para recibirlo.
Los cuatro implicados fueron detenidos y permanecen en prisión provisional, de acuerdo con la información ofrecida por la Fiscalía.
También se investiga la extracción de 40 litros de combustible en el Centro Telefónico de Herradura, perteneciente a Etecsa. El petróleo estaba destinado al grupo electrógeno de respaldo para mantener las comunicaciones durante los apagones.
El combustible habría sido vendido por 80000 pesos. Tanto la persona acusada de sustraerlo como quien lo compró se encuentran en prisión provisional.
Daños a una oficina de Correos de Cuba
Otro ciudadano enfrenta un proceso por sabotaje tras lanzar piedras contra una oficina de Correos de Cuba. El inmueble está ubicado en la Alameda.
Según el reporte, el hombre reaccionó de esa forma porque no había servicio eléctrico. Las autoridades tramitan el caso bajo la misma figura penal.
Combustible de la reserva estatal y cables para un parque solar
La Fiscalía también investiga la sustracción de 4000 litros de petróleo pertenecientes a la reserva estatal. El combustible estaba almacenado en un tanque de la Empresa de Suministros Agropecuarios.
La instalación se encuentra en la base del cuatro de la carretera hacia San Juan y Martínez. Para acceder al depósito, los responsables cortaron el sello y rompieron el candado.
Otro caso se relaciona con el robo de cables en la Empresa de Prefabricado de Siete Matas. La instalación trabajaba en las bases destinadas a colocar paneles de un parque solar.
Un ciudadano habría entrado por la puerta de hierro de la carpintería y retirado los cables del sistema. Tanto él como el comprador permanecen en prisión provisional.
Tornillos sustraídos en un parque solar
Existe además un proceso pendiente de juicio oral contra un trabajador del parque solar La Barbarita. Está acusado de sustraer tornillos utilizados para fijar los paneles a sus estructuras.
El artículo 125.1 del Código Penal establece penas de siete a quince años de prisión para quienes dañen o afecten medios e instalaciones esenciales. La norma incluye fuentes energéticas, redes de telecomunicaciones, centros industriales, almacenes y otras infraestructuras prioritarias.
El artículo 126 contempla sanciones más severas cuando existen consecuencias graves. Las penas pueden alcanzar entre diez y treinta años de prisión, privación perpetua de libertad o muerte en determinados supuestos previstos por la ley.
