La directora de Vivienda explicó cómo funcionará el nuevo esquema estatal para familias con tres hijos y qué pasará con quienes no puedan reparar sus casas.
El Gobierno cubano prometió asumir de forma integral reparaciones y obras en viviendas de familias con tres o más hijos menores cuando los beneficiarios no tengan recursos ni capacidad para ejecutarlas por sus propios medios.
La explicación fue ofrecida por directivos del sistema de Vivienda en la televisión estatal tras la aprobación del Acuerdo 10327 del Consejo de Ministros. Según detallaron, el Estado podrá entregar soluciones “llave en mano”, es decir, con la obra terminada y lista para habitar.
La directora de Vivienda explicó que el nuevo procedimiento busca dar “un mayor papel al Estado” en los casos donde las familias no puedan asumir por sí mismas las acciones constructivas aprobadas. En Cuba, añadió, están identificadas unas 44 000 madres con tres o más hijos menores de 18 años que necesitan mejorar las condiciones de las casas donde residen.
La funcionaria también confirmó que la política amplió la edad de los menores incluidos en el beneficio. Antes cubría hasta 17 años; ahora abarca hasta los 18 años. Además, incorpora a padres y tutores legales con tres o más menores a su cargo.
El anuncio llega mientras muchas familias cubanas enfrentan viviendas deterioradas, hacinamiento y precios imposibles en el mercado informal de materiales de construcción. Para buena parte de la población, reparar un techo o levantar un cuarto extra cuesta varios salarios acumulados durante años.
El beneficio podrá aplicarse incluso en viviendas ajenas
Uno de los elementos más llamativos explicados por la directora de Vivienda es que las ayudas podrán ejecutarse incluso cuando la persona beneficiada no sea propietaria legal del inmueble donde vive.
Según explicó, el titular de la vivienda deberá aceptar las intervenciones constructivas y otorgar un derecho real de habitación a la familia favorecida. Para acceder al beneficio, la persona deberá demostrar al menos cinco años de residencia en el lugar.
La funcionaria aseguró además que los nuevos financiamientos variarán según la ubicación geográfica de los inmuebles y que el acuerdo entrará en vigor 30 días después de su publicación en la Gaceta Oficial.
Aunque el Gobierno presentó la medida como una vía para acelerar soluciones habitacionales en sectores vulnerables, todavía no se conocen plazos concretos de ejecución ni cómo se garantizará la disponibilidad de materiales y fuerza constructiva en medio de la crisis económica que atraviesa el país.
