Estados Unidos y Costa Rica han sellado un acuerdo migratorio que podría cambiar el manejo regional de los flujos hacia el norte. El convenio permite trasladar a territorio costarricense a extranjeros deportados desde EE. UU.
El pacto no obliga legalmente al país centroamericano, pero sí establece un marco de cooperación que ya genera debate político y social.
Un acuerdo flexible y con límites
El entendimiento fue firmado por el presidente Rodrigo Chaves durante una visita oficial en San José. Según lo acordado, Estados Unidos podrá proponer el envío de migrantes de terceros países, aunque Costa Rica decidirá caso por caso.
El propio mandatario aclaró que “es un convenio voluntario” y que su Gobierno mantiene la potestad de rechazar solicitudes o determinadas nacionalidades.
Las previsiones iniciales apuntan a un máximo de 25 personas por semana. Sin embargo, esa cifra puede variar según las condiciones que establezcan las autoridades costarricenses.
Quienes sean trasladados recibirán un estatus migratorio temporal mientras se define su retorno a sus países de origen.
Apoyo financiero y rol de organismos internacionales
El acuerdo contempla que Estados Unidos asuma los costos del proceso. La asistencia en alojamiento y alimentación quedaría en manos de la Organización Internacional para las Migraciones.
Desde este organismo aclararon que no participan en deportaciones, sino que su papel se limita a brindar ayuda humanitaria una vez que las personas llegan al país receptor.
El Gobierno costarricense sostiene que el mecanismo respeta los derechos humanos, incluida la protección frente a posibles riesgos de persecución en los países de origen.
Aun así, no se han detallado públicamente las condiciones específicas de alojamiento ni los centros donde permanecerían los migrantes.
Críticas desde la política y dudas sobre su aplicación
El anuncio ha provocado cuestionamientos en el Congreso. Legisladores de oposición piden mayor claridad sobre cómo se implementará el acuerdo y qué controles existirán.
Algunas voces advierten que el país podría asumir responsabilidades dentro de una estrategia migratoria ajena. También cuestionan la falta de detalles sobre la atención integral a los migrantes.
Desde el oficialismo, en cambio, defienden la iniciativa como una forma de cooperación internacional ante la presión migratoria que enfrenta Estados Unidos.
El papel de Kristi Noem en la estrategia regional
El acuerdo se concretó durante la visita de Kristi Noem, enviada especial de la iniciativa conocida como “Escudo de las Américas”.
Noem, que antes dirigió el área de seguridad nacional en el Gobierno de Donald Trump, ha sido una figura clave en la política migratoria estadounidense.
“Estamos muy orgullosos de contar con socios como el presidente y Costa Rica”, afirmó, al destacar la cooperación para facilitar el retorno de personas en situación irregular.
Durante sus recorridos por la región, ha impulsado acuerdos similares con otros países, lo que ha generado críticas de organizaciones que ven estos pactos como mecanismos de contención migratoria.
Opiniones divididas dentro del país
El tema también divide a la opinión pública. Algunos ciudadanos consideran que la medida puede ser positiva si se gestiona con control.
Otros, sin embargo, temen que agrave la situación interna en un país que ya enfrenta retos en materia migratoria.
Este no es el primer antecedente. En 2025, Costa Rica ya recibió a cerca de 200 personas deportadas desde Estados Unidos en operaciones puntuales.
El nuevo acuerdo formaliza esa práctica y abre la puerta a que se mantenga de forma regular, aunque siempre bajo la decisión final del Gobierno costarricense.
