La violencia volvió a golpear con fuerza al suroeste de Colombia. Un ataque con cilindro bomba en la Vía Panamericana elevó a 20 la cifra de muertos y dejó 36 heridos, según autoridades del Cauca.
El atentado ocurrió en Cajibío, en medio de una cadena de acciones armadas atribuidas por el Gobierno colombiano a disidencias de las FARC. Ejército y Policía reforzaron su presencia en la zona tras varios ataques contra carreteras, bases policiales y unidades militares.
La cifra de víctimas sube tras el ataque en Cajibío
La explosión ocurrió el sábado en el sector conocido como El Túnel, sobre la Vía Panamericana, en el municipio de Cajibío, departamento del Cauca.
El artefacto detonó al paso de un bus y causó una de las jornadas más graves de violencia reciente en esa región. La Gobernación del Cauca informó que entre los fallecidos hay 15 mujeres y cinco hombres, todos mayores de edad.
También reportó 36 personas heridas. Tres de ellas permanecen en cuidados intensivos. Cinco menores de edad resultaron afectados, aunque las autoridades señalaron que están fuera de peligro.
El Instituto Nacional de Medicina Legal inició las labores de identificación de los cuerpos. En el proceso participan equipos de médicos forenses, odontólogos, antropólogos y otros especialistas.
Tres días de luto y daños en la Panamericana
La Gobernación del Cauca declaró tres días de luto en memoria de las víctimas.
La explosión abrió un cráter de unos 200 metros cúbicos en la carretera. Además, dejó más de una decena de vehículos destruidos.
Las autoridades indicaron que los trabajos para recuperar el tránsito en la Vía Panamericana ya comenzaron. El objetivo es restablecer el paso en una ruta clave para la conexión entre Cali, Popayán y otras zonas del suroeste colombiano.
El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, afirmó que “no vamos a permitir que los violentos sigan imponiendo el miedo y desafiando al Estado. Estamos actuando y atendiendo esta situación con toda nuestra capacidad”.
Ataques simultáneos en Cauca y Valle del Cauca
El atentado en Cajibío forma parte de una ofensiva más amplia que golpeó varios municipios del Cauca y del Valle del Cauca.
Las autoridades colombianas reportaron ataques contra instalaciones militares, bases policiales, sistemas de radar y vías estratégicas. Entre los hechos mencionados figuran explosiones cerca de unidades militares en Cali y Palmira, además de hostigamientos armados en Jamundí.
En El Tambo, un dron cargado con explosivos impactó contra una base policial en el corregimiento de Santa Ana. Los primeros reportes hablaron de daños materiales, sin uniformados lesionados.
También se informó de un ataque contra el radar de Santana, usado para el control del tráfico aéreo en esa zona del país.
El Gobierno apunta a disidencias de las FARC
El Gobierno colombiano atribuyó la ofensiva a estructuras disidentes de las antiguas FARC. Las autoridades de seguridad cifraron en 26 los atentados criminales registrados durante los últimos días en la región.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, encabezó un consejo extraordinario de seguridad junto a mandos militares y policiales. Tras la reunión, señaló que se busca “focalizar todas las capacidades del Estado, reforzar la presencia de la Fuerza Pública y acelerar la identificación y captura de los principales responsables de los recientes atentados terroristas en el departamento”.
Las autoridades también aumentaron la recompensa por información que permita capturar a alias “Marlon”, identificado como Iván Jacob Idrobo Arredondo. La suma asciende a 5.000 millones de pesos colombianos, más de un millón de dólares.
Una región marcada por rutas ilegales y disputa armada
El Cauca es una zona clave para grupos armados ilegales por su ubicación y por las rutas asociadas al narcotráfico. En varios municipios existen disputas por áreas de cultivo de coca y corredores hacia salidas marítimas y fluviales.
La ofensiva ha afectado municipios como Caloto, El Tambo, Guachené, Mercaderes, Miranda, Timbío y Patía, entre otros.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos rechazó los ataques contra la población civil. También pidió investigar los hechos y garantizar justicia para las víctimas.
La Comunidad Andina de Naciones se sumó a la condena por la escalada violenta en el suroeste colombiano.
