El Gobierno cubano puso en vigor una nueva Ley de Migración que refuerza su capacidad para decidir quién puede salir o entrar a la isla. La normativa amplía las causas de restricción y otorga mayor discrecionalidad a las autoridades.
El cambio llega en medio de una fuerte crisis económica y una ola migratoria sin precedentes.
Más control sobre la salida del país
La nueva legislación establece diez motivos por los cuales un ciudadano puede ser impedido de viajar al exterior.
Entre ellos figuran procesos penales en curso, sanciones pendientes, Servicio Militar Obligatorio y obligaciones económicas con el Estado.
También incluye razones de Seguridad y Defensa Nacional, protección de información oficial sensible y preservación de fuerza laboral calificada.
Este último punto genera preocupación, porque permite limitar la salida de profesionales considerados estratégicos sin necesidad de una causa penal directa.
Nuevas causales para impedir la entrada
La ley también amplía las facultades del Estado para regular la entrada al territorio nacional.
Las causales incluyen terrorismo, narcotráfico, trata de personas y otros delitos graves.
Pero también aparecen conceptos más amplios, como orden público, seguridad nacional o acciones consideradas hostiles contra el sistema político.
La normativa contempla incluso limitar la entrada a ciudadanos cubanos en situaciones excepcionales definidas por las propias autoridades.
Cambios presentados como apertura
El Gobierno ha destacado la eliminación del límite de veinticuatro meses de permanencia en el exterior.
También introduce la residencia efectiva migratoria, que reconoce como residentes a quienes permanezcan más de ciento ochenta días al año en Cuba o demuestren vínculos familiares, laborales o económicos.
Sin embargo, estas medidas llegan acompañadas de mayores herramientas de control estatal.
Ciudadanía efectiva y pasaporte cubano
La ley incorpora el concepto de ciudadanía efectiva.
Esto permite a los cubanos tener otra nacionalidad sin perder la cubana.
Pero dentro del territorio nacional deberán usar el pasaporte cubano para actos jurídicos y trámites oficiales.
En la práctica, el reconocimiento pleno de la doble ciudadanía sigue limitado.
Emigrados inversores bajo nuevas reglas
La Gaceta Oficial también incluye el Decreto-Ley ciento diecisiete de dos mil veintiséis.
Esa norma crea una condición migratoria especial para emigrados interesados en invertir en la economía cubana.
El trámite costará tres mil quinientos pesos cubanos y tendrá un plazo de resolución de treinta días hábiles.
La medida ha generado desconfianza en parte de la diáspora por el historial de incumplimientos y confiscaciones del Estado cubano.
Una ley en medio de la crisis
La publicación de estas normas llega casi dos años después de su aprobación en la Asamblea Nacional.
Ese retraso refuerza la percepción de que el régimen maneja la legislación migratoria según sus necesidades económicas y políticas.
Cuba enfrenta una de sus peores crisis desde mil novecientos cincuenta y nueve. Además, más de seiscientos mil cubanos han abandonado la isla desde dos mil veintidós.
La nueva ley elimina una restricción histórica, pero al mismo tiempo amplía el margen del Estado para decidir quién entra, quién sale y bajo qué condiciones.
