El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una carta de advertencia a una empresa extranjera no identificada por presunto tráfico de propiedades confiscadas en Cuba, según EFE.
Advertencia bajo la Ley Helms-Burton
La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado publicó en su cuenta oficial de X que la carta fue dirigida a una compañía extranjera cuyos altos directivos podrían quedar sujetos a restricciones de visado.
El mensaje recordó que quienes se beneficien de bienes expropiados a ciudadanos estadounidenses pueden enfrentar sanciones bajo el Título IV de la Ley LIBERTAD, conocida como Helms-Burton.
«La visa es un privilegio, no un derecho», afirmó el secretario de Estado Marco Rubio en el mensaje citado por la dependencia. Las autoridades estadounidenses no revelaron el nombre de la empresa ni el sector en el que opera.
Escalada de sanciones contra Cuba
La advertencia se produce en medio de una intensificación de las acciones de Estados Unidos contra las fuentes de ingresos del gobierno cubano.
El presidente Donald Trump firmó el 1 de mayo la Orden Ejecutiva 14404, que amplió el marco de sanciones e introdujo medidas secundarias contra empresas extranjeras que mantengan operaciones en sectores estratégicos como energía, minería, defensa y servicios financieros.
El 7 de mayo, Washington sancionó a GAESA, el conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas cubanas, y estableció un plazo para que empresas extranjeras cortaran vínculos con entidades sancionadas.
Impacto en el clima de inversión
La medida busca disuadir a empresas extranjeras de realizar negocios en propiedades que fueron confiscadas por el gobierno cubano después de 1959. La aplicación del Título III de la Helms-Burton permite a ciudadanos estadounidenses demandar ante tribunales de Estados Unidos a quienes trafiquen con esas propiedades.
Desde que la administración Trump activó el Título III en 2019, varias empresas hoteleras y de servicios han recibido advertencias o han optado por retirarse de Cuba para evitar sanciones. La carta del Departamento de Estado confirma que la presión contra la inversión extranjera en la isla continúa.
