Cuba aprobó una nueva Ley de la Vivienda que introduce cambios importantes para propietarios, herederos y personas interesadas en comprar, vender o permutar inmuebles.
La norma también amplía la participación de actores privados y cooperativos en la construcción de viviendas. Los municipios recibirán mayores facultades para atender las necesidades habitacionales de cada territorio.
La nueva ley incorpora 190 artículos
La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó la legislación durante su periodo ordinario de sesiones del 30 de julio de 2026.
El texto quedó organizado en 16 capítulos, 190 artículos y tres disposiciones finales. Antes de su aprobación, las autoridades recibieron 10 928 opiniones, propuestas y criterios.
Según la información presentada ante los diputados, el 56 % de esos planteamientos fue aceptado. El proceso también generó más de 158 000 interacciones en redes sociales.
El ministro de la Construcción, René Antonio Mesa Villafaña, explicó que se revisaron legislaciones de 15 países. También se analizaron tratados internacionales y normas cubanas relacionadas con la vivienda y el desarrollo urbano.
La ley mantiene la responsabilidad estatal en los programas dirigidos a reducir el déficit habitacional. Además, conserva los subsidios para personas vulnerables y la construcción mediante esfuerzo propio.
Propietarios podrán tener hasta dos viviendas
Una de las principales novedades permite que una persona natural posea hasta dos viviendas. En ese límite no se incluye un inmueble destinado legalmente al descanso o veraneo.
La legislación amplía las posibilidades de donar, transmitir, permutar o ceder partes de una vivienda. También elimina varias autorizaciones administrativas exigidas anteriormente para determinadas operaciones.
Los propietarios podrán concertar contratos de comodato. Este mecanismo permite entregar temporalmente un inmueble para su uso, sin transferir su propiedad.
La ley autoriza además la transmisión de viviendas declaradas en estado de ruina. La entrega podrá realizarse a personas naturales o jurídicas que asuman su recuperación.
También será posible ceder habitaciones o espacios entre propietarios de inmuebles colindantes. La operación deberá conservar las condiciones necesarias para considerar adecuada cada vivienda.
Eliminan confiscación por salida definitiva de Cuba
Otro cambio relevante es la eliminación de la confiscación de viviendas por la salida definitiva del país.
La medida modifica una de las reglas que durante años afectó a cubanos que establecieron su residencia en el extranjero.
La ley también elimina la obligación de los herederos de informar, dentro del plazo de un año, el inicio de la adjudicación de una vivienda sin ocupantes.
Las operaciones de compraventa tendrán mayor flexibilidad. Las partes podrán acordar las condiciones que consideren convenientes, siempre que no contradigan la legislación ni el orden público.
Las compraventas, donaciones y permutas deberán formalizarse ante notario.
Nuevas opciones para construir viviendas
La norma crea el Programa Nacional de Desarrollo Habitacional. En su ejecución participarán entidades estatales y diferentes formas de gestión autorizadas.
Entre los actores incluidos aparecen cooperativas de vivienda, microbrigadas, mipymes, inmobiliarias y otras organizaciones autorizadas.
Las entidades económicas podrán utilizar parte de sus utilidades para financiar obras. También podrán contribuir al pago de viviendas asignadas a sus trabajadores.
El valor de las viviendas estatales se calculará conforme a su valor catastral. Este elemento servirá como referencia para determinar el precio del inmueble.
La legislación regula además el derecho real de superficie para construir sobre solares yermos. Este mecanismo permite edificar en terrenos cuya propiedad pertenece a otra persona o entidad.
También podrán autorizarse espacios productivos dentro de inmuebles residenciales. Para ello será necesario obtener previamente las licencias correspondientes.
Más facultades para los gobiernos municipales
Los consejos de la Administración Municipal podrán adquirir viviendas para atender casos considerados prioritarios.
Asimismo, podrán financiar total o parcialmente el precio de inmuebles asignados a personas en situación de vulnerabilidad.
La legislación ofrece un tratamiento diferenciado a residentes de barrios precarios y zonas degradadas. También incluye a los jóvenes dentro de los grupos priorizados.
Los municipios tendrán un papel más amplio en la planificación de nuevas áreas urbanas. Estas zonas deberán integrarse con los asentamientos existentes y sus servicios.
Otro cambio afecta las reclamaciones contra decisiones de las direcciones municipales de la Vivienda.
La nueva ley elimina los recursos administrativos para esos casos. Las personas inconformes podrán acudir directamente a los tribunales competentes.
Junto con la legislación fueron preparados tres reglamentos. Estos documentos regularán su aplicación general, la propiedad horizontal y las cooperativas de vivienda.
