El nuevo Decreto 160/2026 abre la puerta a una participación limitada de empresas privadas en la extracción de petróleo, gas y determinados minerales en Cuba.
La medida no elimina el control estatal sobre estos recursos. Cada proyecto necesitará autorización, concesiones y condiciones específicas antes de comenzar sus operaciones.
Petróleo y gas continúan como recursos estratégicos
La extracción de petróleo crudo y gas natural aparece clasificada como actividad autorizable o condicionada.
El texto permite su explotación mediante asociaciones económicas, empresas mixtas y modalidades de inversión extranjera. También contempla la participación directa de empresas privadas, mipymes y cooperativas.
Sin embargo, el Estado se reserva el derecho de aprobar o rechazar cada propuesta. La norma justifica ese control por el carácter estratégico de los hidrocarburos.
Los trabajadores por cuenta propia no podrán operar individualmente en este sector. La escala, el riesgo y la infraestructura necesaria exigen una estructura empresarial.
La pequeña minería podrá quedar en manos privadas
La extracción de minerales metalíferos también cambia de tratamiento. Las mipymes, empresas privadas y cooperativas podrán participar en proyectos de pequeña minería.
Estas operaciones deberán localizarse en zonas mineras controladas. Además, necesitarán licencias ambientales, técnicas y de seguridad.
La gran minería continuará organizada mediante asociaciones económicas e inversión extranjera. El Gobierno mantendrá la supervisión sobre los yacimientos de mayor importancia.
La explotación de otras minas y canteras también será autorizable. Cada actividad deberá cumplir las disposiciones de los organismos competentes.
No se trata de una apertura sin restricciones
El Decreto 160 establece que las actividades condicionadas requieren permisos previos. La publicación de la norma no autoriza por sí sola a iniciar excavaciones o extraer recursos.
Los proyectos deberán demostrar capacidad técnica, respaldo financiero y cumplimiento ambiental. También pueden quedar sujetos a inspecciones y controles periódicos.
El Estado podrá determinar qué zonas están disponibles y qué materiales pueden explotarse. Las normas específicas definirán los límites de producción y comercialización.
El cambio busca atraer capital y aumentar la producción
La apertura coincide con la necesidad de captar inversiones y elevar la producción nacional. Cuba enfrenta dificultades para financiar exploraciones, modernizar instalaciones y mantener equipos.
La participación privada podría aportar capital, tecnología y servicios especializados. Aun así, el impacto dependerá de la seguridad jurídica y de las condiciones reales ofrecidas a los inversionistas.
El decreto entra en vigor el 4 de agosto de 2026. Los organismos responsables deberán publicar los procedimientos para solicitar concesiones y autorizaciones.
