El Tribunal Supremo rechazó ampliar la suspensión del voto a los hijos de nacionalizados por la ley de nietos para las elecciones del 29 de noviembre.
La decisión mantiene dentro del censo electoral exterior a este colectivo, que suma 189.678 personas según los datos de Exteriores incorporados al procedimiento.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo desestimó la petición de Vox e Iustitia Europa este lunes, 9 de noviembre. Ambas formaciones pretendían extender a esos descendientes la medida cautelar acordada en septiembre para otro grupo de nuevos españoles.
El calendario electoral frena la ampliación
El tribunal considera que revisar ahora el censo exterior comprometería la seguridad jurídica y la estabilidad electoral. La solicitud llegó después de transcurrir más de la mitad del periodo electoral.
Los magistrados también valoraron la cercanía del comienzo de la campaña y del depósito del voto en los consulados. La Abogacía del Estado había advertido de riesgos para los trámites electorales y el escrutinio.
La resolución rechaza esa ampliación cautelar, pero no supone una sentencia definitiva sobre el litigio. Tampoco revoca la suspensión anterior que afecta a otros nacionalizados residentes fuera de España.
¿Qué distingue a los dos grupos?
La diferencia está en la vía utilizada para obtener la nacionalidad española. La medida de septiembre alcanzó a inscritos mediante el apartado relativo a hijos y nietos de emigrantes y exiliados.
Los descendientes que conservan el voto accedieron por el apartado 1.b de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática. En la tramitación consular, esa vía corresponde al Anexo III.
Este supuesto permite nacionalizarse a hijos mayores de edad de españoles reconocidos mediante las leyes de memoria de 2007 o de 2022.
Por tanto, los 189.678 electores no son exclusivamente hijos de personas afectadas por la suspensión anterior. La cifra también incluye descendientes de nacionalizados por la norma de 2007.
El censo aplicable y el recurso anunciado
Los datos de Exteriores corresponden al censo del 1 de agosto, utilizado para los comicios del 29 de noviembre de 2026. Se refieren a españoles inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes, conocido como CERA.
La distinción entre ambos grupos evita interpretar el fallo como una restitución general del sufragio para todos los beneficiarios de la ley de nietos. Lo resuelto ahora es la petición de incorporar otro colectivo a la suspensión.
Iustitia Europa anunció que recurrirá el auto ante la propia sala. Su comunicado del 9 de noviembre identifica expresamente las inscripciones del Anexo III como objeto de esa impugnación.
