Cuba aprobó una reforma económica que modifica reglas centrales para el sector privado. La medida permite que una misma persona tenga más de una empresa y elimina límites que frenaban el crecimiento de muchos negocios.
El cambio fue presentado dentro de un paquete de 176 transformaciones económicas y sociales debatidas en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Aunque el gobierno lo vinculó a la crisis actual, varias medidas suponen una apertura inédita para las mipymes y otros actores no estatales.
Más empresas por persona y más trabajadores
Uno de los cambios más relevantes es que una persona natural podrá ser titular de más de una empresa privada. Hasta ahora, el esquema limitaba esa posibilidad y dejaba a muchos negocios bajo estructuras más pequeñas o fragmentadas.
También se elimina el límite de 100 trabajadores para las mipymes. Según la explicación ofrecida en la sesión, los negocios que superen esa cifra pasarán a clasificarse como empresas privadas.
Esto marca una diferencia importante. Ya no se trata solo de pequeños emprendimientos, sino de permitir estructuras empresariales de mayor tamaño dentro del marco legal cubano.
El paquete también contempla ampliar las formas societarias. Entre ellas figuran sociedades anónimas por acciones, una modalidad que puede facilitar inversiones, participación accionaria y nuevas formas de organización empresarial.
Solicitudes pendientes y menos trámites
El gobierno reconoció que el proceso de aprobación de mipymes y cooperativas no agropecuarias ha sido lento. En la intervención se informó que existen 12751 microempresas no estatales aprobadas.
También se mencionaron 7254 solicitudes en diferentes etapas del proceso. De ellas, 3505 habían sido devueltas para actualización por parte de los solicitantes.
La intención anunciada es aprobar el resto en lo que queda de junio, siempre que cumplan los requisitos. Además, se plantea reducir trámites, plazos y requisitos para la creación, conversión y operación de formas de gestión no estatal.
Otro punto importante es la reducción de actividades prohibidas. El decreto vigente mantiene 125 actividades no autorizadas, pero el gobierno afirmó que unas 70 podrían eliminarse de esa lista.
Combustible, comercio exterior y nuevos negocios
La reforma también toca un sector muy sensible: el combustible. El paquete permite la participación de capital privado y extranjero en la importación y comercialización de combustibles, incluida la red minorista.
El gobierno habló incluso de servicentros gestionados por distintos actores económicos. La condición mencionada fue que incorporen sistemas fotovoltaicos para no depender del Sistema Eléctrico Nacional.
En el sector agropecuario también habrá cambios. Se autoriza a cooperativas a importar y comercializar directamente el combustible que necesiten. Además, podrán realizar comercio exterior de forma directa.
Esto significa que cooperativas y empresas privadas podrían importar insumos, tecnologías y productos sin depender siempre de intermediarios estatales. En teoría, ese cambio busca acelerar operaciones que hasta ahora estaban atrapadas en trámites largos.
Terrenos, usufructo e inversión privada
Otra novedad es la posibilidad de conceder derechos reales de usufructo y superficie a empresas privadas o cooperativas. El objetivo sería permitir inversiones productivas o de servicios.
Hasta ahora, muchos negocios privados funcionaban en viviendas particulares por falta de acceso legal a inmuebles o terrenos adecuados. Con la nueva medida, podrán solicitar espacios para construir o desarrollar su actividad comercial.
En la agricultura también se plantea entregar tierra en usufructo por tiempo indeterminado a personas jurídicas estatales, privadas, mixtas o naturales. La cantidad de tierra dependerá del proyecto presentado.
El gobierno defendió esta medida con un argumento claro: no imponer más trabas a quienes tengan voluntad y recursos para producir.
Precios agrícolas sin topes
El paquete incluye otro punto de impacto directo para la población: la eliminación de topes de precios en productos agropecuarios.
Según lo expuesto, los precios se formarán entre productor y comprador, de acuerdo con las reglas del mercado. También se descentraliza la formación de precios a entidades estatales, cooperativas, productores y otros actores económicos.
Esta parte puede generar preocupación. Si la producción no aumenta, liberar precios podría encarecer más los alimentos. El propio discurso oficial reconoció que la liberación de precios agrícolas sin suficiente producción es una contradicción que deberá manejarse.
Salarios, subsidios y protección social
La reforma también incluye una subida del salario mínimo en el sector presupuestado. El salario mínimo pasaría de 2100 pesos a 3210 pesos, con impacto en las escalas salariales.
La medida beneficiaría al 51% de los trabajadores del país, según la exposición oficial. El cobro comenzaría a reflejarse en agosto, correspondiente al salario de julio.
También se anunció la intención de eliminar subsidios a productos y trasladarlos a personas. Para eso se crearía un fondo de protección social, financiado con el ahorro que genere la eliminación de esos subsidios.
El problema estará en la implementación. Si los precios suben antes de que lleguen ayudas reales, pensionados, trabajadores estatales y familias vulnerables podrían quedar más expuestos.
Una reforma amplia, pero con riesgos
El gobierno presentó estos cambios como una vía para enfrentar la crisis económica. Sin embargo, varias intervenciones durante la sesión dejaron claro que el éxito dependerá de la rapidez, el control y la claridad jurídica.
También hubo alertas sobre corrupción, tráfico de influencias, concentración de riqueza y falta de capacidad en los municipios para asumir nuevas competencias.
La reforma abre más espacio al mercado, al capital privado y a la inversión extranjera. Pero su impacto real dependerá de si logra aumentar la producción, mejorar el abastecimiento y evitar que los precios sigan alejándose del salario de la mayoría.
Por ahora, el cambio más visible es que Cuba deja atrás varias restricciones que durante años limitaron el crecimiento formal de las mipymes. Lo que viene después será la prueba más difícil: convertir esas medidas en resultados reales para la población.
