El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó el 8 de junio demandas de desnaturalización contra 17 personas, entre ellas dos cubanas acusadas de ocultar delitos graves durante el proceso de naturalización.
Las dos cubanas señaladas por el DOJ
Entre los 17 acusados figuran Leidys Delmas García, de 54 años, y Milagros Marileisis Acosta Torres, de 40 años, ambas naturales de Cuba y residentes en Florida.
El Departamento de Justicia informó que las acusadas habrían ocultado su participación en actividades delictivas al solicitar la ciudadanía estadounidense, lo que viola los requisitos de buen carácter moral exigidos por la ley migratoria.
Delmas García fue condenada por su participación en una red de 30 clínicas ficticias de fisioterapia que facturaron 36,7 millones de dólares al seguro médico Blue Cross Blue Shield.
Según NewsNation, que también cubrió el anuncio, el esquema funcionó durante varios años en Florida hasta que las autoridades descubrieron que los servicios nunca se prestaron.
Acosta Torres, por su parte, formó parte de una conspiración para defraudar a un casino tribal en Florida mediante vales de crédito falsos. Luego realizó transacciones financieras para ocultar el origen ilícito del dinero, según detalla la denuncia del DOJ.
Ambas mujeres enfrentan ahora la posible pérdida de su ciudadanía si un tribunal determina que mintieron durante el proceso de naturalización.
Los otros acusados en la demanda masiva
El paquete de demandas incluye a personas de 13 países, entre ellos Haití, Colombia, México, India y Somalia. Los acusados tienen entre 39 y 69 años y enfrentan señalamientos por delitos que van desde abuso sexual de menores hasta tráfico de drogas y fraudes financieros de gran escala.
Uno de los casos más graves es el de Fernando Cristancho, un sacerdote colombiano de 69 años que, según el DOJ, utilizó su posición en la iglesia para ganar acceso a menores y fue condenado por abuso sexual. También figura Ronnie Price, de Trinidad y Tobago, acusado de ocultar una condena por estupro durante su solicitud de ciudadanía.
En total, seis de los 17 casos están relacionados con delitos sexuales contra menores. Otros involucran fraudes por más de 50 millones de dólares en valores y transferencias electrónicas, así como tráfico de drogas sin licencia.
El contexto de la ofensiva contra la desnaturalización
Esta acción forma parte de una ofensiva más amplia del gobierno de Donald Trump contra inmigrantes naturalizados que hayan ocultado antecedentes penales.
En lo que va de 2026, el DOJ ha presentado más de 70 casos de desnaturalización, una cifra muy superior a los 102 casos que se tramitaron durante todo el primer mandato de Trump entre 2017 y 2021.
El DOJ señaló, según The Hill, que la ley de inmigración permite revocar la ciudadanía cuando se demuestra que fue obtenida mediante fraude o falseamiento de información. Los acusados tienen derecho a defenderse ante un tribunal federal, donde el gobierno debe presentar pruebas de las irregularidades.
Para los cubanos naturalizados en Estados Unidos, estos casos representan una advertencia directa: ocultar delitos o mentir en los formularios de inmigración puede costar la ciudadanía, incluso años después de haberla obtenido.
