Quienes ganen una demanda por propiedades confiscadas en Cuba bajo la ley Helms-Burton podrían pagar muchos menos impuestos si logran que el IRS clasifique el pago como ganancia de capital a largo plazo. La diferencia con el ingreso ordinario puede ser de hasta 17 puntos porcentuales.
Demandas por confiscaciones y el factor impositivo
El abogado tributario Robert W. Wood publicó en Forbes un análisis sobre cómo el fisco estadounidense podría tratar los pagos derivados de casos bajo el Título III de la ley Helms-Burton. Según Wood, los demandantes pueden argumentar que lo recibido califica como ganancia de capital a largo plazo, lo que implica una tasa máxima del 20%. Si el IRS lo trata como ingreso ordinario, esa tasa puede llegar al 37%.
La ley Helms-Burton, vigente desde 1996, permite a ciudadanos de Estados Unidos demandar a quienes trafiquen con propiedades confiscadas por el gobierno cubano después de 1959. En los últimos meses han surgido varios casos en tribunales federales contra hoteles, navieras y aerolíneas que operan en bienes reclamados por sus antiguos dueños.
¿Desde cuándo empieza a correr el tiempo?
Para que el IRS considere una ganancia como de largo plazo, el activo debe haberse mantenido más de un año. En el caso de propiedades confiscadas, ese plazo no empieza cuando se presenta la demanda, sino desde la fecha de la expropiación.
Wood señala que los tribunales han reconocido estas reclamaciones como activos de capital. Como los demandantes mantienen ese derecho desde 1959 o antes, el requisito de un año queda superado con creces.
¿Qué documentar antes de llegar a un acuerdo?
Quienes tengan un caso activo deben reunir desde ahora los registros sobre la base del costo de la propiedad, el tiempo de posesión y cualquier transacción previa. Sin esa documentación, calcular la ganancia imponible y solicitar el tratamiento fiscal más favorable será mucho más difícil.
Wood recomienda consultar con un contador público o un abogado tributario antes de firmar cualquier acuerdo. Según el análisis, la manera en que se estructure el pago puede determinar qué reglas aplica el IRS. Un acuerdo mal documentado puede generar una factura fiscal innecesariamente alta.
Más litigios en camino
La Corte Suprema de Estados Unidos ha emitido fallos recientes favorables a los reclamantes, lo que ha abierto la puerta a nuevas demandas. Cada caso que avanza pone el foco en las consecuencias tributarias de los acuerdos, un aspecto que muchos demandantes ignoran hasta que reciben el pago.
El momento de planificar el tratamiento fiscal no es cuando el dinero llega a la cuenta, sino antes de cerrar cualquier negociación.
