María Elvira Salazar pidió al Departamento de Seguridad Nacional una respuesta para los cubanos que siguen atrapados con el formulario I-220A en Estados Unidos.
La congresista republicana por Florida envió una carta al secretario Markwayne Mullin para reclamar una solución administrativa que permita revisar esos casos y dar un trato más uniforme a familias que llegaron bajo circunstancias similares.
Una carta dirigida al Departamento de Seguridad Nacional
La petición de Salazar vuelve a colocar sobre la mesa una situación que afecta a miles de cubanos. Muchos entraron por la frontera durante la administración Biden y fueron liberados con el formulario I-220A.
Ese documento no equivale al parole. Por esa razón, quienes lo recibieron no han podido usarlo como vía directa para acogerse a la Ley de Ajuste Cubano.
La diferencia ha marcado el futuro migratorio de muchas familias. Algunos parientes recibieron parole y pudieron avanzar hacia la residencia. Otros recibieron I-220A y quedaron sin el mismo camino legal.
Salazar pidió al Departamento de Seguridad Nacional revisar la posibilidad de otorgar parole-in-place a cubanos con I-220A que no tengan antecedentes penales. También solicitó garantizar un trato consistente bajo la Ley de Ajuste Cubano.
El problema que divide a familias cubanas
El caso del I-220A se volvió uno de los temas más sensibles dentro de la comunidad cubana en Estados Unidos. No se trata solo de un documento migratorio. Para muchas personas, ese papel define si pueden pedir residencia o si siguen en una espera indefinida.
La congresista señaló que cubanos en situaciones parecidas fueron procesados de forma distinta. Esa diferencia dejó a miembros de una misma familia en posiciones legales opuestas.
Quienes recibieron parole han tenido más opciones para regularizar su situación. Quienes quedaron con I-220A han tenido que recurrir a procesos de asilo, cortes migratorias y consultas legales costosas.
Ese escenario también presiona a los tribunales de inmigración. Muchos casos podrían evitarse si las autoridades adoptaran una solución administrativa para quienes cumplen los requisitos.
Entre 400 mil y 500 mil cubanos afectados
Las estimaciones difundidas hasta ahora ubican entre 400 mil y 500 mil el número de cubanos afectados por el I-220A. No existe una cifra oficial pública que cierre el cálculo.
El problema impacta de forma directa en Florida, donde reside una parte importante de la comunidad cubana. También alcanza a migrantes en otros estados del país.
Entre los afectados figuran profesionales con permisos de trabajo congelados. Uno de los casos más mencionados es el de médicos cubanos que aprobaron exámenes de revalidación, pero no pueden avanzar por trabas migratorias.
Salazar sostuvo que ya había planteado esta situación a autoridades anteriores. Según su reclamo, no hubo una respuesta efectiva ni una corrección concreta.
Today, I sent a letter to Secretary Markwayne Mullin urging DHS to take action for thousands of Cubans who remain trapped in legal limbo after being issued I-220A.
During the Biden Administration, Cubans who arrived under similar circumstances were treated differently by the… pic.twitter.com/Lz4V0kH81v
— Rep. María Elvira Salazar (@RepMariaSalazar) June 17, 2026
¿Qué pide exactamente María Elvira Salazar?
La congresista pide revisar el parole-in-place para cubanos con I-220A sin antecedentes penales. Esa figura podría abrir una vía para corregir casos considerados injustos o desiguales.
También reclama que el Departamento de Seguridad Nacional aplique un criterio coherente para los cubanos que llegaron en condiciones parecidas.
El tercer punto de su petición apunta a la estabilidad familiar. Salazar argumenta que la diferencia entre parole e I-220A ha creado incertidumbre dentro de hogares cubanos en Miami y otras ciudades.
La solicitud no significa una aprobación automática. Tampoco cambia por sí sola la situación migratoria de los afectados. Lo que busca es una decisión del Departamento de Seguridad Nacional.
Un reclamo pendiente desde hace años
El debate sobre el I-220A lleva años sin una solución definitiva. En 2025, el Tribunal de Apelaciones del Circuito 11 celebró una audiencia sobre el tema, pero el caso seguía sin un fallo final al momento de la carta.
Mientras tanto, miles de cubanos continúan pendientes de decisiones administrativas, demandas judiciales o posibles proyectos legislativos.
La nueva presión de Salazar llega en un momento de mayor tensión migratoria en Estados Unidos. Para los cubanos con I-220A, cualquier movimiento del Departamento de Seguridad Nacional puede marcar la diferencia entre seguir en el limbo o abrir una vía hacia la residencia.
