Cuba autorizó cambios en la importación y comercialización de combustible dentro del paquete de reformas económicas debatido el 18 de junio en la Asamblea Nacional.
La medida incluye la participación de capital privado y extranjero en una actividad que hasta ahora permanecía bajo fuerte control estatal. También abre la puerta a nuevos servicentros, estaciones móviles y puntos de carga para vehículos eléctricos.
Una apertura en plena crisis energética
El combustible aparece entre los sectores más sensibles de la reforma. El país atraviesa una crisis energética prolongada, con apagones, déficit de generación y dificultades para sostener el transporte, la producción y los servicios.
En ese contexto, el gobierno planteó permitir que capital privado y extranjero participe en la importación y comercialización de combustibles. La autorización incluye la red minorista, es decir, la venta directa al consumidor o a determinados actores económicos.
El cambio supone una modificación relevante del esquema actual. Hasta ahora, el acceso al combustible dependía casi totalmente de mecanismos estatales, con restricciones frecuentes, colas, cupos y disponibilidad irregular.
La nueva medida busca ampliar las vías de entrada y distribución. Sin embargo, su efecto real dependerá de un punto clave: si esos actores logran importar combustible de forma estable y venderlo a precios accesibles.
Servicentros privados y estaciones móviles
La reforma también plantea ampliar y reestructurar la gestión de la red de servicentros. El gobierno mencionó la posibilidad de que diferentes actores económicos gestionen estos puntos de venta.
Eso podría incluir empresas estatales, privadas, cooperativas, inversión extranjera u otros modelos autorizados. También se habló de servicentros móviles, una alternativa que podría operar en zonas con menor infraestructura.
Otro punto importante es la recuperación de servicentros que llevan años cerrados. Según lo expuesto, algunos pertenecen a instituciones estatales o empresariales y podrían volver a funcionar bajo nuevos esquemas de gestión.
La medida no solo busca vender combustible. También intenta utilizar instalaciones paralizadas y crear nuevas formas de abastecimiento. En un país con fuertes problemas de transporte, ese detalle puede tener impacto práctico.
No obstante, todavía quedan preguntas pendientes. Entre ellas, quién fijará los precios, cómo se controlará la distribución y qué prioridad tendrán sectores sensibles como salud, transporte público, producción de alimentos o servicios básicos.
Energía solar como condición para operar
El gobierno vinculó esta apertura con el uso de fuentes renovables. Los nuevos servicentros deberán incorporar sistemas fotovoltaicos con acumulación para independizarse del Sistema Eléctrico Nacional.
La lógica es clara: si una estación de combustible depende de la red eléctrica, terminaría sumando presión a un sistema ya debilitado. Por eso, la reforma plantea que estos puntos funcionen con paneles solares y baterías.
También se propone estimular la instalación de solineras. Estas estaciones estarían destinadas a la carga de vehículos eléctricos, un sector que el propio gobierno intenta impulsar ante la falta de combustible tradicional.
La medida puede conectar con otros cambios incluidos en la reforma, como la flexibilización para importar vehículos eléctricos, motos, triciclos y ciclomotores. En conjunto, el gobierno intenta mover parte del transporte hacia alternativas eléctricas.
Incentivos fiscales para inversiones energéticas
El paquete también incluye beneficios para actores económicos que inviertan en fuentes renovables. La propuesta permitiría reducir impuestos en un monto equivalente a la inversión realizada.
Esto aplicaría cuando una empresa estatal o privada instale sistemas de energía renovable como parte de su responsabilidad social. El beneficio se enfocaría en centros de servicio a la población, instituciones sociales, espacios de cuidado o alumbrado público.
En la práctica, una mipyme o empresa que instale paneles solares en un policlínico, una funeraria, una escuela o una instalación comunitaria podría descontar esa inversión de sus obligaciones fiscales.
El gobierno ya reconoció que algunas mipymes han colocado sistemas solares en policlínicos, bancos y otros espacios. La reforma busca convertir esas acciones en una política más amplia y con incentivo tributario.
¿Puede mejorar el acceso al combustible?
La gran duda está en la implementación. Autorizar nuevos actores no garantiza por sí solo más combustible ni mejores precios.
Si las importaciones privadas dependen de divisas propias, lo más probable es que una parte de ese mercado opere con precios altos. Eso podría mejorar el acceso para empresas con recursos, pero no necesariamente para todos los ciudadanos.
También existe el riesgo de desigualdad territorial. Las zonas con más actividad privada o mayor capacidad de pago podrían atraer más oferta, mientras municipios pobres quedarían en desventaja.
El gobierno intenta presentar la medida como una forma de destrabar la economía. La crisis, sin embargo, obliga a mirar el alcance real. Si los nuevos servicentros solo atienden a determinados clientes o venden a precios inaccesibles, el impacto social sería limitado.
Aun así, la apertura marca un giro relevante. Cuba permitirá que actores privados y extranjeros entren en una parte estratégica de la economía. Lo hace en medio de una escasez que golpea a hogares, transportistas, agricultores, empresas y servicios públicos.
El combustible seguirá siendo uno de los puntos más vigilados de la reforma. De su disponibilidad dependerán alimentos, transporte, electricidad, producción y buena parte de la vida diaria en la isla.
