Casi 14 mil cubanos se han beneficiado desde enero pasado con el llamado “parole humanitario” del mandatario Joe Biden, pero los casos de estafas y “falsos patrocinadores” desde Estados Unidos no paran de salir en la prensa local. Como este que expondremos a continuación como llamado de “alertas” a esas ofertas que se multiplican en redes sociales. 

Un caso reciente de fraude migratorio involucró a un residente de Miami que se declaró culpable de crear falsos patrocinadores para trámites migratorios. El demandado, identificado como Luis Alberto Santos, de 49 años. 

Este admitió ante la corte federal que desde el año 2016 hasta el 2020, se dedicó a ofrecer servicios de asesoría y preparación de solicitudes de inmigración a personas que buscaban obtener la residencia permanente legal en Estados Unidos. 

Sin embargo, en lugar de ayudar a sus clientes a encontrar un patrocinador legítimo que cumpliera con los requisitos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), Santos creaba patrocinadores falsos usando nombres, direcciones y números de seguro social inventados o robados. 

Luego, presentaba las solicitudes de ajuste de estatus (formulario I-485) con los datos falsos ante el USCIS, cobrando a sus clientes entre 5 mil y 10 mil dólares por cada trámite. 

FALSOS PATROCINADORES Y ESTAFAS EN ESTADOS UNIDOS 

Según la fiscalía, Santos realizó al menos 215 solicitudes fraudulentas de ajuste de estatus, afectando a más de 200 personas que confiaron en él para obtener su residencia legal. Muchas de estas personas fueron citadas por el USCIS para entrevistas con sus supuestos patrocinadores, pero al no poder contactarlos o comprobar su relación, sus solicitudes fueron denegadas o puestas en espera. 

Además, al presentar información falsa ante el USCIS, estas personas podrían enfrentar consecuencias legales como la deportación o la inhabilitación para obtener beneficios migratorios en el futuro.

Santos se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude migratorio y otro cargo de robo de identidad agravado. Podría enfrentar una pena máxima de 15 años de prisión y una multa de 250 mil dólares por cada cargo. Su sentencia está programada para julio de este año. 

Este caso es un ejemplo de cómo algunas personas se aprovechan de la necesidad y la vulnerabilidad de los inmigrantes que buscan regularizar su situación en Estados Unidos. Por eso, es importante que los solicitantes de beneficios migratorios se informen bien sobre los requisitos y los procesos legales, y que busquen asesoría profesional y confiable.