Dos personas están acusadas de organizar un fraude con préstamos PPP mediante identidades vinculadas a más de 100 inmigrantes cubanos.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó sobre el caso el 14 de septiembre de 2026. La acusación sostiene que el esquema buscaba obtener más de 4,5 millones de dólares en fondos federales.
Los señalados son Adrián Rafael Pupo Pérez y Helen Yaima Leyva Santiesteban. Ambos permanecen prófugos y habrían salido del país, según las autoridades federales.
Cientos de solicitudes presentadas en varios estados
Un gran jurado de Cedar Rapids, Iowa, presentó el 9 de julio una acusación formal con 47 cargos contra Pupo Pérez y Leyva Santiesteban. Los delitos señalados incluyen fraude electrónico, lavado de dinero y conspiración.
Los documentos judiciales indican que el supuesto plan comenzó en julio de 2020. Los acusados también habrían solicitado préstamos por desastre económico creados durante la pandemia.
La fiscalía afirma que los presuntos conspiradores tramitaron unas 470 solicitudes fraudulentas de préstamos PPP. Para ello habrían usado los nombres de más de 100 personas residentes en distintos estados.
Muchas identidades correspondían a trabajadores de plantas procesadoras de carne en Algona y Storm Lake, ambas ciudades de Iowa.
Ingresos y empleos presuntamente falseados
El fiscal general interino Todd Blanche explicó cómo se habrían elaborado las solicitudes. “Presentaron solicitudes fraudulentas de préstamos PPP e intentaron obtener esos fondos en nombre de más de 100 inmigrantes procedentes de Cuba”, declaró.
Según Blanche, los formularios aseguraban que esas personas trabajaban por cuenta propia antes de la pandemia. También indicaban ingresos brutos individuales cercanos a 100.000 dólares durante 2019.
“Alegaron falsamente que trabajaban por cuenta propia y que cada uno había obtenido aproximadamente $100,000 en ingresos brutos durante 2019, es decir, antes de la pandemia, cuando en realidad no eran trabajadores independientes”, afirmó el funcionario.
Las autoridades sostienen que, en realidad, esas personas trabajaban en una empacadora de carne. La acusación no establece que los cubanos cuyas identidades aparecen en los documentos participaran conscientemente en el supuesto fraude.
Fondos desembolsados y búsqueda de los acusados
El Departamento de Justicia calcula que el esquema intentó conseguir más de 4,5 millones de dólares mediante el Programa de Protección de Cheques de Pago. Aproximadamente 2,4 millones habrían sido desembolsados.
El caso forma parte de un operativo nacional anunciado durante una conferencia encabezada por el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Las autoridades presentaron cargos contra más de 80 personas por diferentes esquemas.
Durante esa comparecencia, funcionarios federales situaron en cerca de 245 millones de dólares las pérdidas relacionadas con los casos incluidos en la operación.
“Ahora, esta pareja ha huido del país y permanece prófuga, pero estamos trabajando arduamente para traerlos de vuelta”, aseguró Blanche. El Departamento de Justicia no precisó dónde podrían encontrarse.
Los cargos constituyen acusaciones y no equivalen a una declaración de culpabilidad. La acusación formal presentada en Cedar Rapids reúne 47 cargos relacionados con el supuesto esquema.
