Una jueza federal ordenó restablecer el estatus legal de miles de migrantes que ingresaron a Estados Unidos mediante la aplicación CBP One, en un fallo que marca un nuevo capítulo en la política migratoria del país. La decisión judicial responde a una demanda colectiva presentada por afectados y organizaciones defensoras de derechos civiles, tras la revocación masiva del permiso conocido como parole.
La resolución fue emitida por la jueza Allison Burroughs, del Tribunal de Distrito de Massachusetts, quien bloqueó la medida impulsada por la administración del presidente Donald Trump.
Dicha política había eliminado el estatus temporal de protección otorgado a cientos de miles de personas que entraron legalmente al país utilizando la plataforma CBP One, implementada durante el mandato de Joe Biden.
Más de 900,000 migrantes accedieron a territorio estadounidense a través de esta aplicación desde enero de 2023, tras programar citas en puertos de entrada oficiales. A muchos de ellos se les concedió el parole, un permiso que les permitía permanecer en el país durante dos años y solicitar autorización de empleo.
Buenas noticias para los CBP One en EE.UU.
Sin embargo, en 2025, el gobierno ordenó la cancelación de este beneficio mediante notificaciones masivas enviadas por correo electrónico, instando a los beneficiarios a abandonar el país en un plazo breve. La medida generó incertidumbre entre miles de familias, muchas de las cuales ya habían establecido una vida en Estados Unidos.
En su fallo, la jueza consideró que la revocación generalizada del parole excedía la autoridad legal del Departamento de Seguridad Nacional y violaba los procedimientos establecidos. La orden judicial exige ahora la restauración del estatus migratorio previo, lo que representa un alivio inmediato para los afectados.
Organizaciones como Democracy Forward y el Massachusetts Law Reform Institute respaldaron la demanda, argumentando que la eliminación del parole fue arbitraria e ilegal. Estas entidades representan a migrantes de países como Venezuela, Cuba y Haití, quienes siguieron los canales legales establecidos por el propio gobierno estadounidense.
El fallo también reaviva el debate sobre el uso de herramientas digitales en la gestión migratoria y la estabilidad de las políticas públicas en Estados Unidos. Mientras el Departamento de Seguridad Nacional ha expresado su desacuerdo con la decisión, el caso podría escalar a instancias superiores.
Para miles de migrantes, esta orden judicial no solo restaura un estatus legal, sino que devuelve cierta estabilidad tras meses de incertidumbre.
