El gobierno ha decidido entregar al sector privado una parte de los establecimientos comerciales. Para ello se iniciará próximamente una licitación, en la cual las mejores propuestas podrán asumir la administración de los locales.

La ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, dio la información en el programa televisivo Mesa Redonda. En ese espacio aclaró que el comercio seguirá siendo mayoritariamente estatal.

Es el caso de las bodegas, los mercados de productos industriales, las tiendas de materiales de la construcción y los mercados ideales. En conjunto estos establecimientos representan el 70% de la red de comercio del país. Los mismos podrán arrendar espacios a otras formas de gestión y así ampliar las ofertas a la población.

El 30% restante pertenece a la red de gastronomía, una parte de la cual pasará a manos privadas ante la imposibilidad del gobierno de asegurar su funcionamiento. Será “un proceso nuevo, inclusivo, transparente, donde participan notarios”, aseguró la ministra.

Los establecimientos del programa de ahorro energético, prácticamente sin materias primas, también entrarán en licitación.

Cada asignación al sector privado será aprobada a nivel de Consejo Popular, municipio y provincia, luego de la correspondiente evaluación. Quienes aspiren a recibir los locales, deberán reunir una serie de requisitos y seguir varios trámites.

Una decisión demorada

En 2014 se traspasaron a formas no estatales barberías, peluquerías y locales dedicados a la reparación de calzado. En aquel momento se habló de un experimento para luego generalizar la práctica. Siete años después se reconoce el efecto positivo que tuvo aquel proceso, y se decide extenderlo a la gastronomía.

Y es que a pesar de varias reformas en el sector, los resultados han sido muy pocos hasta ahora. Las insatisfacciones de la población son constantes, y la ineficiencia y la corrupción una marca negra difícil de borrar.

Díaz Velázquez señaló que los locales licitados tendrán que preservar los servicios básicos a la población, generar empleo, promover la inclusión social, consolidar costumbres de la comunidad y responder a los objetivos de económicos del gobierno.

Según la ministra, con esta medida se podrá “incrementar la participación en la economía, propiciar el desarrollo, la diversificación de la producción, encadenamientos productivos y el bienestar económico y social”.