La Ley de Vivienda en Cuba elimina la pérdida automática de la casa por emigrar, pero exige que el propietario ausente designe un representante.
El cambio permite mantener el título de propiedad al establecerse en el extranjero, explica el abogado Raudiel Peña Barrios, de Cubalex. Sin embargo, conservar ese derecho implica atender las obligaciones relacionadas con la vivienda, aunque el dueño ya no resida en la isla.
La Asamblea Nacional aprobó la Ley 187/2026 el 30 de julio. La norma se publicó en la Gaceta Oficial el 14 de octubre y entró en vigor el 21 de octubre de 2026.
Hasta esta reforma, la salida definitiva del país podía suponer la confiscación del inmueble por el Estado. El Decreto-Ley 288 de 2011, que modificó la legislación anterior, recogía expresamente esa consecuencia para la vivienda cuyo titular hubiera emigrado.
¿Qué debe hacer el propietario que vive fuera?
Según explica Peña Barrios, el artículo 139.3 obliga al dueño ausente a nombrar un representante legal. Esa persona debe gestionar los asuntos de la casa ante tribunales y autoridades administrativas, además de atender otros trámites vinculados al inmueble.
El abogado distingue entre la obligación de designar al representante y la forma de documentar el nombramiento. Explica que la ley no exige expresamente hacerlo ante notario, aunque recomienda esa vía por su fuerza probatoria y respaldo legal.
Para quienes todavía permanecen en Cuba y tienen previsto emigrar, su recomendación es completar la designación antes de salir. Así pueden dejar organizada la representación de la vivienda mientras aún se encuentran en el país.
Quienes ya residen en Estados Unidos o en otro lugar pueden enviar un poder notarial desde el exterior. Peña Barrios advierte que ese documento debe cumplir las formalidades legales necesarias para tener plena validez en Cuba.
¿Cuándo puede perderse la vivienda por abandono?
El artículo 141 contempla un riesgo diferente de la antigua confiscación por emigrar. Según la explicación del jurista, una casa desocupada, sin representante y deteriorada puede afrontar un proceso judicial de pérdida de propiedad por abandono.
En ese supuesto, el Estado podría quedarse con el inmueble, advierte Peña Barrios. El riesgo descrito combina la falta de ocupación, la ausencia de representación y el deterioro; no equivale a perder automáticamente la casa por vivir fuera.
La situación cambia cuando familiares del propietario permanecen en la vivienda. El abogado menciona al cónyuge, los padres y los abuelos como ejemplos de ocupación legítima que permite al dueño ausente conservar su título.
¿Qué ocurre con las casas confiscadas anteriormente?
La nueva Ley de Vivienda en Cuba no supone la devolución de inmuebles confiscados bajo las reglas anteriores. Peña Barrios subraya que la norma no tiene efecto retroactivo: quienes perdieron su casa al emigrar en décadas pasadas no recuperan esa propiedad con esta reforma.
