El anteproyecto de la nueva Ley de la Vivienda en Cuba ha cerrado su etapa de consulta pública tras semanas de debate. La propuesta busca reemplazar la normativa vigente desde 1988 y modificar aspectos clave del régimen de propiedad.
La iniciativa surge en medio de un fuerte déficit habitacional y de un parque inmobiliario deteriorado. También plantea cambios que podrían transformar la forma en que los cubanos compran, heredan o conservan sus viviendas.
Un país con escasez de viviendas
Cuba arrastra desde hace años una grave crisis habitacional. El déficit supera las 800.000 viviendas y afecta a numerosas familias en todo el país.
El fondo habitacional ronda los 4,1 millones de inmuebles. Sin embargo, cerca de 1,4 millones se encuentran en estado regular o malo. Esta situación obliga a miles de personas a convivir en casas deterioradas o en condiciones de hacinamiento.
La actual Ley General de la Vivienda data de 1988. Con el paso del tiempo se añadieron decretos y disposiciones que terminaron creando un sistema complejo y lleno de trámites.
En el primer semestre de 2025 solo se construyeron 2.728 viviendas en toda la isla. El crecimiento del parque habitacional fue mínimo.
Más derechos de propiedad
Uno de los cambios más comentados del anteproyecto es la ampliación del derecho de propiedad.
Las personas naturales podrán tener hasta dos viviendas. A ese límite se suma una vivienda de descanso ubicada en zonas de playa, campo o montaña, que podrá mantenerse de forma independiente.
Hasta ahora la acumulación de inmuebles estaba más restringida. La modificación podría dinamizar el mercado inmobiliario.
Fin de la confiscación por emigrar
La propuesta también elimina la confiscación automática de viviendas cuando un ciudadano se establece de forma permanente en el extranjero.
Durante décadas, emigrar significó perder la propiedad en la isla. El nuevo texto permitiría conservar, heredar o transmitir la vivienda aunque el propietario resida fuera del país.
Con esta medida, el Estado equipara formalmente los derechos patrimoniales de los cubanos residentes en el exterior con los de quienes viven en Cuba.
Menos trámites para comprar o heredar
El anteproyecto promete simplificar varios procesos administrativos.
Se flexibilizan las reglas para la compraventa, donación, permuta y herencia de viviendas. También se eliminan algunas autorizaciones previas que antes debían emitir las autoridades locales.
Las viviendas de descanso tendrán los mismos derechos de transmisión que las residenciales. El objetivo es reducir trámites y facilitar operaciones entre particulares.
Hipotecas y nuevas formas de financiamiento
Otra novedad es la introducción del crédito hipotecario.
Las familias podrían acceder a préstamos a largo plazo para construir o comprar viviendas. El propio inmueble serviría como garantía del financiamiento.
Hasta ahora la mayoría de las viviendas se levantaban mediante ahorro personal, remesas familiares o autoconstrucción progresiva.
El impacto de esta medida dependerá de factores como las tasas de interés y la capacidad real de pago de los ciudadanos.
Prioridad para sectores vulnerables
La futura ley mantiene mecanismos de protección para sectores con mayores dificultades.
El texto prevé subsidios y programas dirigidos a familias en hacinamiento, jóvenes en edad laboral, personas con discapacidad, adultos mayores y víctimas de violencia doméstica.
También incluye a damnificados por desastres naturales y familias numerosas. Los municipios tendrían un papel clave en la construcción de viviendas sociales destinadas a estos grupos.
Además, se refuerza el papel de las juntas de administración en edificios multifamiliares. Estas organizaciones podrán gestionar cuotas y contratar servicios para el mantenimiento.
Lo que viene tras la consulta pública
El proceso de consulta del anteproyecto concluyó el 28 de febrero de 2026. Durante ese período se recogieron opiniones de ciudadanos a través de plataformas digitales y otros canales de participación.
El Ministerio de la Construcción deberá analizar ahora las propuestas recibidas. Con esos criterios se elaborará la versión definitiva del texto legal.
Posteriormente, el proyecto será presentado ante la Asamblea Nacional del Poder Popular. Allí se debatirá su aprobación final.
La nueva ley pretende actualizar el marco legal de la vivienda en Cuba. Su impacto real dependerá de si las reformas logran traducirse en más construcción, mejor mantenimiento y mayor acceso a viviendas para la población.
