El estado de Florida implementa medidas drásticas para algunos inmigrantes propietarios en Estados Unidos. Te contamos.

Desde julio, rige en el estado de Florida la polémica ley SB264, la cual establece que los inmigrantes de Cuba, Venezuela, China, Rusia, Siria, Corea del Norte e Irán que posean terrenos en el estado deberán registrar sus propiedades ante el Departamento de Agricultura. En caso de no cumplir con este requisito, se enfrentarán a multas diarias de $1,000.

El proceso de registro también incluye a aquellos inmigrantes que sean propietarios de viviendas y no cuenten con un estatus migratorio permanente. En estos casos, la gestión se realiza a través del Departamento de Oportunidades Económicas.

Plazos para el pago

El plazo para cumplir con este requerimiento bajo la ley SB264 expira en dos semanas, lo que ha generado preocupación entre la comunidad afectada. La corredora de bienes raíces Maribel Minaro, con más de 26 años de experiencia vendiendo propiedades a inmigrantes en Florida, considera esta medida como una “emergencia”.

La ley contempla la posibilidad de que, si el gobierno de Florida determina que un propietario extranjero de las mencionadas nacionalidades constituye un riesgo, se pueda activar una acción legal que resulte en la confiscación temporal de la propiedad por parte del estado durante el proceso.

El licenciado Mark Arias, experto en inmigración, advierte sobre las consecuencias de esta legislación y destaca que los ciudadanos estadounidenses y aquellos con residencia permanente de las nacionalidades afectadas no se ven afectados por estas medidas.

Excepción en la Ley

Además, se establece que las propiedades adquiridas antes del 1ero de julio del 2023 deben registrarse antes del 31 de diciembre de este año, mientras que para terrenos adquiridos, la fecha límite es el 1ero de enero del 2024. Los plazos de extensión en ambos casos culminan el 31 de enero del 2024, y aquellos que no cumplan enfrentarán penalidades diarias de $1,000.

Ante esta situación, se insta a los afectados a realizar el registro correspondiente para evitar sanciones y garantizar la seguridad de sus propiedades.