Gestora de Correos de Cuba roba más de 57 mil pesos en esta provincia de Cuba y recibe cuatro años de prisión, según fuentes oficiales. Todos los detalles a continuación.
Una gestora comercial de la empresa estatal Correos de Cuba fue condenada a cuatro años de privación de libertad tras apropiarse de más de 57,000 pesos destinados a pensiones y giros postales en una oficina rural del municipio de Majagua, en la provincia de Ciego de Ávila.
La sentencia fue confirmada por información oficial divulgada en el sitio del Tribunal Supremo Popular de Cuba.
De acuerdo con el reporte, durante un período de tres meses la empleada sustrajo 33,110 pesos correspondientes a pagos de pensiones y 23,961 pesos asociados a giros postales que no fueron emitidos o no llegaron a sus destinatarios. El tribunal la declaró culpable del delito de malversación, en virtud del Artículo 297.1 del Código Penal cubano.
En el mismo proceso judicial, el Tribunal Municipal Popular de Majagua juzgó también a la directora de la sucursal, ubicada en la localidad de Orlando González. Aunque no obtuvo beneficio económico alguno, fue sancionada a un año de trabajo correccional sin internamiento por incumplimiento del deber de proteger los bienes del Estado, según el Artículo 303.1.
La nota oficial no reveló los nombres de las acusadas. Durante el juicio, varias de las personas afectadas —entre ellas ancianos, jubilados y amas de casa— comparecieron como testigos.
Según la versión ofrecida, la gestora alegaba reiteradamente que no había efectivo disponible en la oficina, por lo que no podía efectuar el pago de las chequeras mensuales. El mismo mecanismo habría sido utilizado para retener montos de giros postales enviados por remitentes que nunca llegaron a manos de sus destinatarios.
El fraude permaneció oculto durante meses y salió a la luz de manera incidental, cuando una comisión provincial investigaba la desaparición de ventiladores en la misma oficina postal.
La presencia de los inspectores permitió que varias víctimas manifestaran irregularidades en los pagos, lo que destapó incongruencias en carnés de identidad, comprobantes falsificados y otras anomalías administrativas.
El reporte calificó de “vergonzosa” la conducta de la trabajadora, destacando la vulnerabilidad de las víctimas. Aunque la acusada mostró arrepentimiento, el tribunal impuso además medidas accesorias a ambas procesadas, incluyendo la privación de derechos públicos, la prohibición de ejercer cargos y la restricción de salida del país.
La información oficial no precisó si el dinero sustraído fue reintegrado a los afectados.
