Agresión a policía en Cuba termina en cadena perpetua para imputado


Ataque con arma blanca a policía cubana en 2025 termina en cadena perpetua en Camagüey, según fuentes del oficialismo. Tribunal de Camagüey impone pena severa por delito de «terrorismo».

El Tribunal Provincial Popular de Camagüey dictó una condena de privación perpetua de libertad contra Osvaldo Fernández Pichardo, tras ser hallado culpable de delitos de terrorismo y portación y tenencia ilegal de armas o explosivos.

El fallo, emitido por la Sala Primera de lo Penal, responde a un hecho de violencia ocurrido en el boulevard de la calle República, uno de los espacios más transitados de la ciudad.

De acuerdo con lo expuesto durante el juicio oral, público y ejemplarizante, correspondiente a la causa No. 6 de 2025, el acusado actuó motivado por una retribución económica de 600 dólares ofrecida por una persona residente en Estados Unidos, vinculada a actividades contrarias al sistema político cubano. El objetivo del ataque era generar temor en la población, alterar el orden público y fomentar la inseguridad ciudadana.

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Las pruebas presentadas demostraron que Fernández Pichardo atacó por la espalda a una oficial de la Policía Nacional Revolucionaria que se encontraba desarmada y uniformada. El agresor utilizó un arma blanca, provocando lesiones que pusieron en peligro la vida de la víctima y requirieron atención médica especializada.

Además de la pena principal, el tribunal impuso sanciones accesorias que incluyen la privación de derechos públicos, el decomiso de bienes relacionados con el delito y la prohibición de salida del país, así como la negativa a la expedición de pasaporte. También se estableció la obligación de indemnizar a la oficial afectada por los daños ocasionados.

Las autoridades judiciales subrayaron que durante todo el proceso se respetaron las garantías legales, incluyendo el derecho a la defensa y el debido proceso, en consonancia con la legislación vigente en Cuba.

Este caso ha generado amplio rechazo social, reforzando el papel de la justicia en la protección del orden público y la seguridad ciudadana, especialmente en lo relacionado con la integridad de los agentes encargados de hacer cumplir la ley.


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