El Gobierno cubano actualizó las normas para la comercialización agropecuaria con un nuevo decreto que introduce cambios relevantes.
La medida promete mayor flexibilidad, pero mantiene un fuerte control estatal sobre el sistema.
¿Qué cambia en la venta de productos agropecuarios?
El Decreto 143/2025 redefine cómo se venden los productos agrícolas y forestales en el país. Regula todo el proceso, desde la producción hasta la distribución, incluyendo transporte y almacenamiento.
La norma amplía los actores autorizados. Ahora participan empresas estatales, mipymes, cooperativas y trabajadores por cuenta propia. También incluye a propietarios y usufructuarios de tierras como parte del sistema.
Aun así, el estado mantiene el control mediante balances de alimentos que fijan prioridades y destinos en cada territorio.
Venta de excedentes: más margen, pero con condiciones
Uno de los cambios más visibles es la posibilidad de vender excedentes sin pedir autorización de traslado.
Sin embargo, no es una liberalización total. El productor debe demostrar que cumplió primero con sus contratos. Esa certificación es obligatoria para poder vender a otros destinos.
Además, si una entidad no puede comprar lo pactado, el destino de esos productos lo decide el Comité de Contratación.
El papel de los gobiernos locales
El decreto refuerza el papel de gobernadores y consejos municipales. Estas autoridades controlan precios, mercados y destinos de la producción.
También dirigen los Comités de Contratación. Estos espacios definen prioridades, evalúan la producción y fijan precios cuando no están centralizados.
En la práctica, la descentralización funciona bajo supervisión estatal.
¿Cómo se fijan los precios?
El sistema se organiza en tres tipos de precios: centralizados, concertados y por acuerdo.
Los precios por acuerdo se establecen a nivel local. Se basan en costos, disponibilidad y comportamiento del mercado. Aun así, no pueden modificar contratos ya firmados sin consenso.
También se prevén precios diferenciados para productos orgánicos o con certificación agroecológica.
Más control digital y bancario
La normativa obliga a usar cuentas bancarias fiscales. Todos los pagos deben hacerse por vías oficiales.
Se incorpora el Sistema de Información de la Producción Agropecuaria (SIPA), donde se registran contratos y ventas.
La facturación electrónica también pasa a ser obligatoria en el sistema.
Multas y sanciones previstas
El decreto establece multas de entre 60 y 200 cuotas. Se aplican por incumplimientos como vender fuera de contrato o falsear información.
En casos graves, se pueden aplicar medidas más severas, incluida la pérdida del usufructo de la tierra.
Una apertura limitada del mercado
La normativa introduce cierta flexibilidad, pero mantiene un esquema centralizado.
El Estado sigue definiendo prioridades, supervisando precios y controlando la distribución.
El margen de acción aumenta, pero dentro de reglas bien delimitadas.
