El gobierno cubano actualizó las normas para otorgar financiamiento estatal destinado a construir, rehabilitar, conservar o comprar viviendas.
Las nuevas reglas aparecen publicadas en la Gaceta Oficial y modifican procedimientos aplicados desde 2021.
La medida afecta a personas con falta de solvencia económica, familias vulnerables y madres, padres o tutores con 3 o más menores de hasta 18 años a su cargo.
Nuevos montos para construir o reparar viviendas
La norma autoriza financiamiento con cargo al Presupuesto del Estado para intervenciones arquitectónicas por vía estatal o por esfuerzo propio.
Para una célula básica habitacional de 25 metros cuadrados o más, el monto puede llegar hasta 700000 pesos cubanos.
Para rehabilitar una vivienda, el financiamiento puede alcanzar 656300 pesos cubanos.
En el caso de conservación mayor u otros trabajos de mayor complejidad, el límite será de 273000 pesos cubanos.
Para conservación menor, el monto máximo queda fijado en 56500 pesos cubanos.
El dinero podrá cubrir materiales de construcción, mano de obra, transporte, documentación técnica y, cuando proceda, el Derecho Perpetuo de Superficie del terreno.
Quiénes tendrán prioridad
Las autoridades establecieron prioridades para seleccionar a los beneficiarios. Entre ellas aparecen familias afectadas por ciclones, sismos, inundaciones, incendios u otros desastres.
También se incluyen casos sociales críticos, familias con 3 o más menores de edad y personas que necesiten resolver obstrucciones o fugas hidrosanitarias.
Para recibir el financiamiento, el núcleo familiar deberá demostrar falta de solvencia económica. Además, no podrá tener una vivienda recuperable o deberá necesitar una obra nueva, rehabilitación o conservación.
Ayuda para familias con 3 o más hijos
La Gaceta también actualiza el procedimiento para madres, padres o tutores con 3 o más niñas, niños o adolescentes de hasta 18 años.
En estos casos, los gobiernos municipales podrán asignar recursos o comprar viviendas de propiedad personal.
El monto máximo para compra o intervención dependerá del municipio. En Playa, Plaza, La Habana Vieja, Trinidad, Viñales y Cárdenas podrá llegar hasta 1900000 pesos cubanos.
En Cerro, Centro Habana, Diez de Octubre y Guanabo, el límite será de 1800000 pesos cubanos.
Para el resto de La Habana y las capitales provinciales, el monto máximo será de 1750000 pesos cubanos. En otros municipios del país, el límite será de 1500000 pesos cubanos.
Evaluación socioeconómica y más control
La evaluación de los solicitantes quedará a cargo de las direcciones municipales de Trabajo y Seguridad Social.
El análisis tendrá en cuenta ingresos, deudas, gastos básicos, situación de salud, discapacidad y condiciones sociales del núcleo familiar.
Podrán recibir financiamiento los núcleos con ingresos per cápita disponibles iguales o inferiores a 2100 pesos cubanos.
De forma excepcional, también podrán beneficiarse familias con ingresos per cápita superiores a 2100 pesos cubanos y hasta 3234 pesos cubanos, si presentan situaciones de vulnerabilidad.
Entre esos casos aparecen jefes de hogar solos con menores, adultos mayores sin apoyo familiar, personas con discapacidad y damnificados por desastres.
Restricciones para vender o donar viviendas subsidiadas
Las nuevas reglas también imponen límites a quienes reciban financiamiento estatal.
Si una persona beneficiada vende o dona una vivienda construida con subsidio durante los primeros 15 años, deberá devolver al Presupuesto del Estado el monto total recibido.
En determinados casos, el Estado podrá ejercer derecho de tanteo si el beneficiario intenta vender la vivienda.
También se exigirá autorización administrativa para permutas o donaciones, especialmente cuando estén involucradas viviendas asignadas a familias con menores.
Un cambio en medio de la crisis habitacional
La actualización llega en un contexto de fuerte deterioro del fondo habitacional cubano. Muchas familias viven en casas en mal estado, con filtraciones, derrumbes parciales o hacinamiento.
Aunque los nuevos montos parecen elevados en pesos cubanos, su alcance real dependerá de la disponibilidad de materiales y de los precios en cada territorio.
La propia norma condiciona la aplicación de estos beneficios a la existencia de recursos financieros y materiales. Por eso, el impacto final dependerá de la capacidad de los gobiernos locales para ejecutar las obras.
La medida reorganiza los procedimientos y refuerza los controles, pero no resuelve por sí sola el déficit de viviendas que arrastra el país.
