Italia sigue siendo una referencia para muchos latinoamericanos que buscan abrirse camino en Europa. Durante años, el país ha recibido a comunidades enteras llegadas desde América Latina, en una ruta migratoria compartida también con España y Francia.
Para miles de familias, tener un vínculo legal con Italia puede significar mucho más que un documento. Puede abrir puertas laborales, facilitar estudios, permitir residencia en otros países europeos y ofrecer mayor estabilidad.
Pero ese camino se complicó en 2025 con una reforma que dejó fuera a numerosos solicitantes. Ahora, una decisión judicial vuelve a dar aire a quienes habían perdido casi todas las esperanzas.
¿Qué cambió en la ciudadanía italiana?
Italia aprobó en 2025 una ley que endureció el acceso a la ciudadanía por descendencia. La norma, conocida como L74/2025, estableció un límite de dos generaciones para reclamar ese reconocimiento.
El cambio impactó de golpe a millones de descendientes de italianos en el exterior. Muchos ya habían iniciado trámites, reunido documentos o contratado abogados.
La medida generó malestar en la diáspora italiana, especialmente en países con grandes comunidades de origen italiano.
¿Cuál es la buena noticia para los solicitantes?
El Tribunal Constitucional de Italia decidió remitir el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esa decisión permite revisar si la nueva ley italiana respeta las normas comunitarias.
El paso resulta relevante porque el propio tribunal italiano había respaldado antes la reforma. Ahora, en cambio, reconoce que existen dudas jurídicas suficientes para consultar a la justicia europea.
“Es un giro de 180 grados”, declaró a CNN el abogado Marco Mellone, uno de los profesionales que impugnaron la norma.
¿Por qué el caso vuelve a abrirse?
Los abogados que cuestionan la ley sostienen que Italia cambió las reglas sin dar un aviso adecuado. También señalan que muchos expedientes quedaron bloqueados cuando ya estaban en marcha.
Según esa interpretación, la reforma pudo afectar derechos sin una evaluación individual y sin un periodo de transición razonable.
La abogada Monica Restanio calificó la decisión como “la mejor noticia que podíamos recibir”. Para ella, el caso vuelve a estar sobre la mesa.
¿Qué puede decidir la justicia europea?
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea deberá analizar si la legislación italiana vulnera principios del derecho comunitario.
Si falla contra la ley, Italia tendría que modificarla o dejarla sin efecto. Eso obligaría al Gobierno a redactar nuevas reglas sobre el acceso a la ciudadanía.
Un fallo de ese tipo podría beneficiar a miles de personas que quedaron excluidas tras la reforma de 2025.
¿Qué significa para los descendientes de italianos?
Por ahora, la ley no ha sido anulada. Tampoco hay una decisión definitiva sobre los casos pendientes.
Sin embargo, el envío del asunto a la justicia europea cambia el escenario. Los solicitantes que se sentían prácticamente derrotados vuelven a tener una vía abierta.
Mellone resumió así el momento: “Estábamos prácticamente derrotados. Ahora retomamos la lucha”.
El proceso todavía puede tardar, pero la decisión representa el primer alivio importante desde la aprobación de las restricciones.
