El Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a siete compañías cubanas dentro de su lista negra de negocios, entre ellas la institución financiera Fincimex, agente principal para el pago a los propietarios de Airbnb en Cuba.

Fincimex emite las tarjetas prepago con las cuales los propietarios de Airbnb en Cuba pueden cobrarle de antemano y vía telemática a sus huéspedes como sucede en cualquier parte del mundo.

Es la única institución bancaria que procesa todas las tarjetas electrónicas en el país, incluyendo las transacciones de tarjetas de crédito (Visa y MasterCard) expedidas en el extranjero.

Los anfitriones en Cuba tienen la posibilidad de recibir su dinero mediante transacción bancaria a través de cuentas con la empresa American International Service (AIS), que administra Fincimex, la última empresa sancionada por el gobierno de EEUU.

Fincimex es la entidad designada para el procesamiento de  las remesas a los residentes en la Isla, constituida en Panamá como una sociedad privada cubana en 1984. Sucede que Fincimex es una subsidiaria de CIMEX y está bajo la sombra del Grupo de Administración de Empresas (GAESA).

También hay procedimientos que se realizan a través de VaCuba, que se autodefine como empresa que “lleva dedicándose a asuntos cubanos desde 1962” y ofrece servicios de reservas de vuelos, alojamientos y transportación para el viajero, y ofrece además estos servicios de pagos.

Pero solo algunos tienen este sistema de AIS implementado. Incluso teniendo la tarjeta, prefieren el pago en efectivo y en casa, algo que salvaría a los propietarios de los AirBnB en la Isla.

Aunque casi la mitad (el 40%) de los huéspedes que van a la Isla planifican y reservan a través de Internet.

En ese aspecto, según una investigación de Yucabyte, Airbnb ha tenido concesiones con Cuba que no tiene con ningún otro país en el mundo: el pago en efectivo en la puerta del hospedaje. El mecanismo, que funciona a pesar de las restricciones comerciales impuestas por el embargo de Estados Unidos, es otro de los factores de éxito de la empresa en la Isla.

“La principal problemática de la tarjeta AIS es que algunos hosters (anfitriones) no quieren que existan transacciones por las cuales se pueda saber sus ingresos”, comentó una anfitriona en Cuba, Claudia Cuevas, profesora en la Facultad de Turismo de la Universidad de La Habana.

Eso es otro problema en la Isla pues la situación legal de los anfitriones cubanos de Airnbnb no existe. Ellos no constituyen personal contratado de Airbnb, por tanto, no obtienen respaldo legal de la empresa si les sucediera algo, como en este caso.

Por ello Airbnb aconseja a los anfitriones en Cuba que deben poseer las licencias correspondientes para desarrollar algún tipo de experiencias dentro del marco legal de la Isla. El asunto es que dentro de las actividades aprobadas para el ejercicio del Trabajo por Cuenta Propia en Cuba no se contempla ninguno bajo la cual los anfitriones pueden acogerse.

Airbnb llegó en abril de 2015 a la Isla, pero los cubanos ya rentaban sus casas y daban recorridos con amistades y guías privados que iban interesados a conocer la Isla. La diferencia -en cuanto a los recorridos únicamente- es que a veces había un pago y otras no.

Lo que sí hizo la empresa, en los dos primeros años de estar en Cuba, fue traspasar por su entidad un promedio de 70 mil huéspedes mensuales y cerca de 40 millones de dólares.

Cuba fue el país con mayor crecimiento en menos tiempo en toda la historia de la plataforma AirBnB. No se puede ignorar entonces el impacto que ha tenido sobre el turismo en la Isla, más aun cuando este resulta la segunda fuente de ingresos en la Isla.

La Habana es junto a Detroit, Londres, París, Nairobi, San Francisco, Miami, Los Ángeles, Ciudad del Cabo, Seúl, Florencia y Tokio, de las que Airbnb considera sus doce ciudades originales. Ciudades culturalmente sólidas y peculiares donde la autenticidad podía venderse en forma de un nuevo producto.

Pero con estas nuevas restricciones a Fincimex, los privados de la Isla que manejan Airbnb tendrán que estar al tanto del 12 de junio cuando el gobierno norteamericano publique las restricciones exactas, que tendrá dicha empresa, y las repercusiones de otras entidades que trabajen con ella.