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Condenado a 9 años, cubano que traficaba personas en frontera mexicana


George Ferrer Sánchez, de 46 años, y con residencia en la ciudad norteamericana de Miami, fue sentenciado a nueve años de prisión por liderar una red que traficaba con cubanos en la frontera mexicana para cruzarlos a Estados Unidos. A su vez, también extorsionaba a sus familiares en Florida para que pagarán por “liberarlos”, una vez estaban en poder de la red de traficantes. La red operaba principalmente desde Miami, y otras ciudades del estado de Florida, anunció la Fiscalía de aquel país.

La jueza que lo condenó a ese tiempo de cárcel, también le ordenó el pago de 5,4 millones de dólares y la entrega de dos inmuebles en Estados Unidos, al gobierno por sus delitos. El cubano Ferrer Sánchez previamente se había declarado culpable de participar en una conspiración para cometer lavado de dinero, por lo que los cargos solo se ampliaron mucho más. Estos hechos, ahora condenados ocurrieron entre 2009 y 2015, de acuerdo con el expediente judicial.

Ferrer Sánchez según salió a relucir en la investigación dirigió una operación que robó embarcaciones utilizadas para transportar a los inmigrantes cubanos hacia México, desde donde llamaban a sus familiares y amigos en el sur de Florida “para asegurar el pago de su liberación”. Detalló la fiscalía del caso que el líder de la red “conspiró con otros para adquirir fondos de los familiares de los migrantes en el sur de Florida, que fueron lavados a través del negocio y los bienes inmuebles”.

El gobierno de Donald Trump ha puesto fin a la antigua política de “captura y liberación” (catch and release, en inglés) de indocumentados que cruzaban la frontera sur y ahora son devueltos a México o a sus lugares de origen. Según la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos, más de 21 mil cubanos que llegaron al país por la frontera sur durante 2019 resultaron inadmisibles. Por otro lado, 1802 cubanos han sido repatriados en los tres últimos años fiscales y hasta agosto pasado había más de 39.000 con órdenes de deportación por condenas penales o razones migratorias.

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