Tres asociaciones ganaderas advierten que los operativos de ICE en Texas, Kansas y Oklahoma podrían elevar el precio de la carne de res en Estados Unidos.
Retrasos en las plantas procesadoras
La Kansas Livestock Association, la Oklahoma Cattlemen’s Association y la Texas Cattle Feeders Association atribuyen a las operaciones migratorias ausencias de trabajadores y problemas en la cadena de producción. Según las entidades, miles de reses no han salido hacia las plantas procesadoras cuando estaba previsto.
Las asociaciones calculan que esos retrasos ya ocasionaron millones de dólares en ingresos perdidos y costos adicionales para los productores. También reportan interrupciones en corrales de engorde, lecherías, empresas de alimento y grano, centros de transporte y servicios comunitarios.
Para las organizaciones, el efecto laboral va más allá de quienes puedan ser objeto de un operativo. Sostienen que trabajadores con documentos y autorización legal también dejan de acudir a sus puestos por temor a las acciones de ICE. Esa reducción de personal, señalan, dificulta mantener el movimiento habitual del ganado y el funcionamiento de las instalaciones.
Una advertencia sobre los precios, no un alza confirmada
Las asociaciones creen que los problemas de personal y los retrasos podrían trasladarse al precio de la carne de res que pagan los consumidores. Su advertencia es una previsión de la industria, no la constatación de una subida causada por los operativos.
Las entidades señalan que el mercado ya enfrenta una oferta limitada de ganado y precios elevados. Bajo esas condiciones, consideran que nuevas interrupciones pueden añadir costos en distintas etapas, desde el envío de las reses hasta su procesamiento. El alcance final para los compradores dependería de cómo evolucionen esas operaciones y de la capacidad de la cadena para recuperar el ritmo de trabajo.
¿Qué piden las asociaciones ganaderas?
Las tres organizaciones reconocen la responsabilidad de las autoridades federales de hacer cumplir la ley migratoria. A la vez, solicitan que los operativos se desarrollen de forma «legal, ordenada y transparente» y respeten el debido proceso.
También piden comunicación con las empresas y las comunidades afectadas para reducir las interrupciones en el trabajo de productores, transportistas y plantas procesadoras.
