Fuerzas del Ministerio del Interior de Cuba (MININT) ocuparon 48 toneladas de ajo almacenadas en cuatro depósitos en el municipio de Alquízar, provincia de Artemisa, según un reporte de la televisión cubana.

La producción correspondía a Jorge Luis Pérez Martínez (al menos así fue presentado en el reporte), miembro de la junta directiva de la Cooperativa de Créditos y Servicios-Fortalecida (CCSF) Frank País, de Alquízar, acusado de enriquecimiento ilícito.

El contrato pactado por la cooperativa solo alcanzaba las 7 toneladas de ajo que tendrían como destino a Acopio. De modo que, según el reporte de televisión, tanto productor como cooperativa “violentaron el mecanismo establecido”.

En el operativo se detectaron además cuatro tractores sin documentación legal que recibieron recursos de la CCSF.

El jefe del Órgano de Investigaciones Criminales (OIC) de Artemisa, teniente coronel Abel Iglesias, dijo que el productor logró comercializar 75 toneladas de ajo en otras provincias (Pinar del Río y Camagüey) con un ingreso estimado en alrededor de 2 millones de pesos.

Según Iglesias, como el ajo no fue comercializado dentro de Artemisa “no tuvo impacto en la población”. El oficial del MININT aclaró que el delito Pérez Martínez tuvo amparo en un “subterfugio legal” que lo favoreció desde 2018 a la actualidad.

Entrevistado por la televisión, Idael Sacerio, director de la Unidad Empresarial Básica (UEB) Comercializadora de Productos Agropecuarios en Alquízar, dijo que el contrato con su entidad alcanzaba las 40 toneladas de ajo (cierre de mayo), de las cuales la empresa Acopio solo había recibido 18 toneladas. Menos del 50% de lo pactado.

En el registro a la vivienda y finca de Pérez Martínez las autoridades policiales ocuparon varios contratos en blanco y otros firmados por la Dirección de la CCSF Frank País que “otorgaban libertad al propietario del ajo para vender el producto a conveniencia”.

Lázaro Núñez, presidente de la CCSF, explicó ante las cámaras la presencia en poder del acusado de los contratos. Dijo que que el asesor jurídico de la cooperativa no certificó dichos contratos y que los mismos debían ser devueltos a la dirección, “cosa que él [el procesado] no hizo”.

Sobre los recursos asignados por la CCSF a cuatro tractores sin documentación, Núñez respondió: “eso tengo que revisarlo con el equipo de producción”.

Las “cooperativas fortalecidas” se promovieron en los años 90 del pasado siglo. El proceso consistió en fusionar CCS teniendo en cuenta el número de miembros y la cantidad de tierras de que disponían.

Según artículos de investigación, la creación de las CCSF ha favorecido dinámicas corruptas que se reproducen desde la estructura de dirección y se reproducen entre los agricultores.

¿Qué dice el código penal cubano sobre el delito de “enriquecimiento ilícito”?

 El Artículo 150.1 establece penas de privación de libertad —que van de los dos a los ocho años, según el caso— para los culpables de enriquecimiento ilícito. También establece multas.

Se entiende como tal a quien aumenta su patrimonio (o el de un tercero) “en cuantía no proporcional a sus ingresos legales” empleando medios ilícitos o no justificados.

A los responsables de enriquecimiento ilícito se les impone, además, la confiscación de bienes como sanción accesoria.