Miles de personas con asilo pendiente en Estados Unidos deberán cumplir con una nueva obligación.
El gobierno federal comenzará a exigir un pago anual de $100 para mantener activo el proceso migratorio.
Una tarifa obligatoria mientras el caso siga abierto
La medida fue impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional y el USCIS.
El pago aplica a todos los solicitantes de asilo cuyo caso aún no tenga una decisión final.
Esto significa que, en un sistema con largos retrasos, algunas personas podrían pagar varias veces antes de obtener respuesta.
Qué pasa si no pagas a tiempo
El riesgo principal no es solo económico. Si no se cumple con el pago dentro del plazo, las consecuencias pueden ser graves.
Las autoridades advierten que el caso podría ser rechazado. También se podrían perder beneficios vinculados, como el permiso de trabajo.
En algunos casos, la situación podría escalar a procesos en corte de inmigración.
“Las consecuencias son bastante severas y tenemos que evitar eso. En primer lugar se puede descartar la aplicación de asilo…”, explicó el abogado Hugo Vera.
Solo 30 días para cumplir
El gobierno establece un plazo de 30 días desde la notificación para hacer el pago.
Este punto genera preocupación, ya que muchos migrantes cambian de domicilio o no reciben la correspondencia a tiempo.
Por eso, expertos recomiendan mantener actualizada la dirección con USCIS y revisar frecuentemente las notificaciones.
Cómo pagar la tarifa
El pago debe realizarse en línea a través del portal oficial de USCIS.
El solicitante necesita su número A (Alien Number) y el número de recibo del caso.
Puede pagar con tarjeta o cuenta bancaria y confirmar la transacción para mantener activo el expediente.
Más controles y revisiones
La nueva norma no llega sola. También se anunciaron revisiones más amplias de antecedentes en varios trámites migratorios.
Según abogados, ahora habrá acceso a más bases de datos, incluso fuera de Estados Unidos.
Esto podría retrasar procesos como residencia, ciudadanía o permisos de trabajo.
Más presión para familias migrantes
Aunque el monto parece bajo, muchos expertos advierten que se suma a otros gastos ya existentes.
Renta, abogados, transporte y renovaciones hacen que cada nuevo cobro tenga impacto real.
La medida entrará en vigor el 29 de mayo de 2026. A partir de esa fecha, no cumplir con el pago puede poner en riesgo todo el proceso de asilo.
