USCIS advierte que rechazará solicitudes de asilo y cancelará permisos de trabajo a quienes no paguen la tarifa anual de la ley H.R. 1 de 2025.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha dado un paso definitivo para endurecer el sistema migratorio. A través de una regla final provisional, las autoridades implementarán los requisitos de la Ley de Reconciliación H.R. 1, que obliga a todos los solicitantes de asilo a pagar una Tarifa Anual de Asilo (AAF) para mantener sus casos abiertos. A partir del 29 de mayo de 2026, el inmigrante que no cumpla con este arancel en un plazo de 30 días tras ser notificado, perderá su protección legal y enfrentará la deportación.
Según publicó USCIS en su boletín oficial, la medida busca que el sistema sea financiado por quienes lo utilizan. No se trata solo de un cargo administrativo, sino de una barrera de permanencia: si el extranjero no paga la AAF a tiempo, la agencia rechazará la solicitud de asilo pendiente de forma automática. Para aquellos que no posean otro estatus legal, esta falta de pago activará de inmediato los procedimientos de remoción del país.
El riesgo de perder el permiso de trabajo
Uno de los puntos más críticos de esta normativa es la conexión directa entre el pago de la tarifa y el derecho a laborar legalmente. La regla establece que, si una solicitud de asilo es rechazada por impago, USCIS denegará cualquier Formulario I-765 (Solicitud de Autorización de Empleo) que esté en trámite.
Lo que es aún más grave para la estabilidad de las familias: como se ve en la orden oficial, los extranjeros que ya cuentan con un permiso de trabajo vigente basado en su asilo pendiente lo perderán automáticamente si no abonan la tasa anual. Sin documentos para trabajar, el solicitante queda atrapado en un ciclo de insolvencia y vulnerabilidad ante las autoridades de control.
Nuevas trabas en trámites y TPS
La reforma bajo la H.R. 1 no se detiene en el asilo. La agencia también anunció cambios para el Estatus de Protección Temporal (TPS), limitando la validez de los permisos de trabajo a un máximo de un año. Esto obligará a los beneficiarios a costear renovaciones constantes, incrementando la carga económica sobre comunidades que ya viven bajo presión.
Además, USCIS informó que ahora retendrá la tarifa de presentación del Formulario I-589 si este es rechazado por errores técnicos en el envío. «Los extranjeros deben asegurar que el pago y la documentación sean exactos, pues el Gobierno ya no reembolsará tasas por formularios presentados incorrectamente», advierte la nueva directiva. Con este «cerrojazo» financiero, el sistema migratorio estadounidense deja de ser un servicio de protección para convertirse en un modelo de suscripción anual obligatorio bajo pena de expulsión.
