Autoridades uruguayas identificaron a cubanas entre 37 extranjeras afectadas por explotación sexual, según un informe divulgado por el organismo nacional contra la trata.
El Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de Personas también advirtió sobre el trabajo forzado entre migrantes. La Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía registró 49 casos vinculados con esa forma de explotación.
Los datos reflejan riesgos específicos para quienes llegan al país con escasos recursos, redes de apoyo limitadas o una situación migratoria vulnerable. Las autoridades y organizaciones especializadas señalan que esas condiciones facilitan el control ejercido por los tratantes.
Cubanas establecidas en Uruguay figuran entre las víctimas
La explotación sexual de cubanas en Uruguay ya no afecta solamente a mujeres que atraviesan el país durante su ruta hacia Estados Unidos. El informe describe una tendencia que incluye a migrantes establecidas allí desde hace tres o cuatro años.
Estas mujeres son obligadas a ejercer la prostitución bajo condiciones de alta vulnerabilidad. En algunos casos, los tratantes las fuerzan a atender a “clientes” sin recibir pago.
El documento también menciona a mujeres dominicanas entre las 37 extranjeras identificadas. No ofrece un desglose público de las víctimas por nacionalidad.
Las redes utilizan plataformas digitales para captar a las mujeres y organizar su explotación. Esa modalidad dificulta localizar un establecimiento concreto o identificar a las personas responsables.
La dispersión de los contactos también complica las denuncias. Las víctimas pueden quedar sometidas a una estructura que opera sin un lugar físico visible y cambia sus vías de comunicación.
Explotación en locales y viviendas particulares
El Informe sobre la Trata de Personas 2025 de Estados Unidos ya había descrito la explotación sexual de migrantes en Uruguay. El documento menciona víctimas procedentes de Cuba, República Dominicana, Haití y China.
Según ese reporte, los delitos pueden ocurrir en whiskerías, salones de masajes y residencias privadas. Parte de estas actividades se concentra en ciudades cercanas a la frontera terrestre uruguaya.
CasAbierta, organización que trabaja con mujeres en situación de prostitución, recopiló testimonios de 180 trabajadoras sexuales. Los relatos incluyen desapariciones, estafas, jornadas impuestas y mala alimentación.
La organización también documentó presiones para someterse a tratamientos estéticos en clínicas clandestinas. Sus datos indican que la explotación puede presentarse incluso dentro de la prostitución regulada.
Aumentan los casos de trabajo forzado entre hombres
El informe uruguayo reporta “un aumento significativo del trabajo forzado en varones”. Los 49 migrantes identificados muestran que la trata laboral no afecta únicamente a mujeres ni se limita a la explotación sexual.
Entre los sectores señalados aparecen el transporte terrestre de carga, otros servicios de transporte y las peluquerías. También existen reportes sobre empleo infantil en la cosecha de frutas.
Los hombres migrantes enfrentan riesgos adicionales en la acuicultura y la pesca. En buques de bandera extranjera se han observado salarios impagos, confiscación de documentos y abuso físico.
El reporte estadounidense de 2025 clasificó a Uruguay en el Nivel 2. Esa categoría indica que el Gobierno no cumplía totalmente las normas mínimas para eliminar la trata, aunque realizaba esfuerzos relevantes.
Procesos judiciales y protección de las víctimas
De acuerdo con el informe más reciente citado por el Consejo, durante 2025 hubo 81 personas imputadas por delitos de trata o conductas asociadas. Otras 65 recibieron condenas por trata con fines de explotación sexual y delitos relacionados.
Cinco personas fueron condenadas por trabajo forzado y reducción a la esclavitud. Estas cifras corresponden a un periodo distinto del evaluado por el informe estadounidense publicado en 2025, que examinó principalmente datos de 2024.
La legislación uruguaya establece penas de cuatro a 16 años de penitenciaría para la trata con fines de explotación sexual o laboral. Las sanciones pueden aumentar cuando la víctima es menor de edad.
Uruguay no contaba con refugios exclusivos para víctimas de trata durante el periodo evaluado por Estados Unidos. En 2024, las autoridades otorgaron permisos de residencia a nueve víctimas y coordinaron la repatriación de otras 20.
