Miles de cubanos salieron del país en momentos muy diferentes y bajo normas migratorias que cambiaron con los años. Algunos todavía conservan la condición de emigrado asignada tiempo atrás.
A menudo surgen dudas cuando estas personas necesitan renovar documentos, visitar Cuba o aclarar su relación jurídica con las autoridades migratorias. No todos los casos se resuelven simplemente mostrando un pasaporte actualizado.
La nueva Ley de Migración establece un mecanismo concreto para quienes desean modificar aquella condición. El procedimiento, sus requisitos y sus plazos están explicados en el reglamento.
¿Qué pasará con quienes aparecen como emigrados?
La Ley 171 de 2024, publicada en mayo de 2026, distingue a los ciudadanos cubanos residentes en el territorio nacional de los residentes en el exterior.
El artículo 29 incluye dentro de la categoría de residentes en el exterior varias condiciones migratorias. Una corresponde a quienes ya eran residentes en el exterior y otra a las personas que mantenían la antigua condición de emigrado.
Es decir, la nueva ley no elimina automáticamente del registro la condición de emigrado que una persona ya tenía.
Sin embargo, reconoce expresamente el derecho a solicitar su modificación por la de residente en el exterior.
Esta opción puede interesar especialmente a quienes salieron bajo normas anteriores y desean aclarar cómo figuran actualmente ante las autoridades cubanas.
¿Dónde se presenta la solicitud?
El artículo 57 del Decreto 136 de 2025 establece que el interesado presenta un escrito ante el consulado cubano correspondiente a su país de residencia.
No se trata de una petición informal. La persona debe explicar los motivos por los que desea cambiar su condición migratoria.
El reglamento exige, además, una certificación de antecedentes penales del país donde reside.
También solicita una certificación de movimientos migratorios que permita establecer cómo salió de Cuba.
Cuando esa información no conste en los sistemas de la Dirección de Identificación, Migración, Extranjería y Ciudadanía, la norma contempla una declaración jurada ante notario o ante el cónsul correspondiente.
¿Cuánto tiempo pueden demorar las autoridades?
Una vez recibido el expediente, el consulado dispone de siete días hábiles para evaluarlo.
Si la documentación está completa, remite el caso a la autoridad migratoria competente.
El artículo 58 fija un plazo de noventa días hábiles para que la autoridad migratoria responda mediante resolución, contado desde la presentación de la solicitud.
La notificación de la respuesta se efectúa al interesado dentro de los treinta días hábiles posteriores a la emisión de esa resolución.
Conviene distinguir el plazo de decisión del plazo de notificación. No son exactamente la misma etapa del procedimiento.
¿Es lo mismo cambiar de condición que recuperar la residencia en Cuba?
No. La norma establece categorías y procedimientos que responden a situaciones diferentes.
Solicitar la condición de residente en el exterior significa mantener la residencia habitual fuera de Cuba bajo esa condición migratoria.
Por su parte, la categoría de residente en el territorio nacional depende del reconocimiento de la residencia efectiva migratoria. La ley contempla criterios de permanencia y otras circunstancias acreditables.
Por eso, obtener el cambio de emigrado a residente en el exterior no equivale a establecer automáticamente la residencia efectiva en Cuba.
Las personas interesadas deben identificar cuál de los dos procedimientos corresponde realmente a su situación.
¿Qué derechos contempla el nuevo marco para los residentes en el exterior?
La Ley de Migración reconoce derechos y garantías a los cubanos de esta categoría, sujetos a las disposiciones legales aplicables.
Su artículo 31 se refiere expresamente al uso, disfrute y disposición de los bienes de su propiedad, conforme a la ley.
Este reconocimiento es especialmente relevante para quienes conservan vínculos familiares y patrimoniales en la isla.
No obstante, el tratamiento de viviendas, herencias y otras propiedades también depende de su legislación específica.
La entrada en vigor de la reforma está prevista para el primero de noviembre de 2026. A partir de ese marco, la respuesta individual corresponderá a la autoridad migratoria.
Los artículos 29 de la Ley 171 y 57 y 58 del Decreto 136 pueden consultarse en la Gaceta Oficial ordinaria número 39.
