Un operativo en 17 y K, en El Vedado, dejó ocho multas por 103.800 pesos y el decomiso de alimentos, básculas y carretillas.
Inspectores revisaron nueve puntos de venta
Policías e inspectores municipales actuaron el viernes 23 de octubre en los alrededores del mercado habanero. Según el Consejo de la Administración de Plaza de la Revolución, revisaron nueve puntos de venta y solo dos comerciantes pudieron demostrar la legalidad de su actividad.
La versión oficial señala que cuatro vendedores huyeron al acercarse los agentes. Otros dos fueron capturados por vender productos que las autoridades consideraron ilegales. El operativo estuvo encabezado por Pedro Lizardo Garcés Escalona, presidente del Consejo Popular Rampa.
Además de retirar mercancías, los agentes se llevaron carretillas usadas para transportarlas. Las ocho multas impuestas sumaron 103.800 pesos. La actuación repite una medida aplicada en diciembre de 2025 en la misma zona: entonces retiraron cuatro carretillas y pusieron diez multas por 173.000 pesos.
¿Qué productos fueron decomisados?
El inventario oficial del operativo en 17 y K incluye 16 pomos de aceite de 900 mililitros y 23 paquetes de detergente. También recoge 19 jabones de lavar, 13 de baño, café y refrescos en polvo.
Entre los productos agrícolas figuran casi 46 libras de papa, 52 de cebolla morada, 35,5 de limón y 59 aguacates. Los inspectores retiraron además varias básculas digitales. Las autoridades sostienen que estaban encendidas y marcadas en unidades inferiores a la libra, lo que interpretaron como un intento de engañar a los compradores.
Preguntas sobre las confiscaciones
El Consejo de la Administración afirmó que destinó la mercancía a las escuelas Arturo Montory Céspedes y Orlando Pantoja Tamayo. También mencionó al Sistema de Atención a las Familias El Rampeño. La información difundida no incluyó comprobantes de esas entregas.
El destino de los productos motivó preguntas entre quienes comentaron la publicación oficial. Rolando Carpio Crespo pidió controlar el inventario recibido por las instituciones y comprobar adónde llega finalmente la mercancía. Otros usuarios cuestionaron que se dedicaran recursos policiales a perseguir vendedores de alimentos mientras reclamaban atención para los robos.
La inquietud sobre el manejo de lo confiscado tiene un antecedente distinto, ocurrido en Las Tunas en septiembre de 2025. Una empresa estatal perdió 250 kilogramos de productos cárnicos tras un apagón de 26 horas. Entre ellos había unos 50 kilogramos de carne de res decomisada por la Policía, según el director de la entidad.
