Un operativo federal en California dejó a 28 residentes permanentes frente a cargos por presuntas irregularidades electorales, mientras varios tramitaban la ciudadanía estadounidense.
El Departamento de Justicia anunció los cargos el 19 de octubre de 2026. Las acusaciones abarcan desde registros de votantes presuntamente fraudulentos hasta declaraciones falsas en solicitudes o entrevistas de naturalización.
Registrarse para votar no es lo mismo que votar
Los cargos electorales contra residentes permanentes en California no describen la misma conducta en todos los casos. Según el Departamento de Justicia, seis personas enfrentan acusaciones por votar sin ser ciudadanas estadounidenses; otras están acusadas de registrarse o de falsear información durante sus trámites migratorios.
José Antonio Bañuelos-Díaz, de 42 años, figura entre los acusados. Las autoridades sostienen que se registró para votar en 2007 alegando ser ciudadano y que después mintió en documentos de naturalización. No lo acusan de haber votado.
Bañuelos-Díaz afirmó que desconocía aquel registro. “Nunca he votado porque sé que no puedo votar”, declaró. Quedó en libertad tras su detención, pero podría recibir una condena de hasta cinco años de prisión si lo declaran culpable.
Una detención tras la entrevista de naturalización
Otro caso es el de Pamele Arbués Line, de 56 años y originaria de Filipinas. Agentes federales la detuvieron después de su entrevista de naturalización en San Diego.
El Departamento de Justicia sostiene que se registró para votar, emitió un voto en las elecciones generales de noviembre de 2024 y dio respuestas falsas durante esa entrevista. Ella explicó que creía ser ciudadana por la naturalización de su madre.
¿Qué implican los cargos para los acusados?
Los 28 acusados tienen residencia permanente legal, pero ese estatus no les permite votar en elecciones federales. Las denuncias penales contienen alegaciones que deberán probarse ante un tribunal; todos conservan la presunción de inocencia.
Las consecuencias posibles dependen del delito atribuido a cada persona. Votar sin ciudadanía puede castigarse con hasta un año de cárcel, mientras que mentir en una solicitud de naturalización puede acarrear hasta diez años.
