La Fiscalía Municipal de Trinidad mantiene abierta una investigación por presuntos robos en entidades estatales del territorio. El caso incluye combustible y otros bienes materiales, en medio de una situación económica marcada por la escasez y el control sobre los recursos.
Las pesquisas abarcan seis hechos delictivos detectados en tres entidades estatales. Según las autoridades, varios ciudadanos están vinculados al proceso por su responsabilidad en la custodia de los recursos sustraídos.
Robo de combustible bajo investigación fiscal
La fiscal jefe en Trinidad, Marlines Hernández Mollineda, explicó que las investigaciones avanzan con mayor rigor por el impacto de estos delitos en la economía nacional.
“En las circunstancias actuales el rigor de las pesquisas es mayor por los daños que ocasiona a la economía del país la sustracción de recursos”, señaló la funcionaria.
El caso se investiga bajo el cargo de robo de combustible y de otros bienes materiales. La Fiscalía no precisó los nombres de las entidades implicadas ni la cantidad exacta de recursos sustraídos.
Sin embargo, Hernández Mollineda aseguró que ya se han ocupado bienes robados en las instalaciones vinculadas al proceso.
Fallas en la vigilancia y el control
Uno de los puntos que más preocupa a las autoridades es la existencia de sistemas de protección en los lugares afectados. Aun así, los hechos ocurrieron por debilidades en el control interno.
“Lo que más nos llama la atención es que en estos lugares había un sistema de vigilancia, de protección, para el cuidado de estos bienes, y por debilidades en el control ocurrieron estos hechos que representan una pérdida indudable, cuantiosa, para el Estado”.
La Fiscalía señaló que la responsabilidad no solo recae en quienes pudieron ejecutar los robos. También se revisa la actuación de las personas encargadas de custodiar los recursos materiales.
De acuerdo con la información divulgada, el proceso continúa en fase investigativa. Las autoridades esperan los resultados de peritajes para determinar con más precisión el alcance de los hechos.
“Se sigue profundizando en las investigaciones y se espera por los peritajes, aunque ya han sido ocupados bienes sustraídos en las instalaciones”, insistió Hernández Mollineda.
Penas previstas por estos delitos
La fiscal jefe también se refirió al marco sancionador para este tipo de casos. Según explicó, las penas varían según la conducta investigada y la gravedad del daño provocado.
“Desde la hora en punto de incumplimiento en la protección de esos bienes, las penas oscilan de seis meses a dos años de privación de libertad, y en los delitos de robo con fuerza, las sanciones pueden ser de entre dos y cinco años, pero en la sustracción de combustible el tratamiento es diferente debido a las condiciones del país, se tipifican como un delito de sabotaje y las sanciones oscilan entre tres y ocho años de privación de libertad”, concluyó.
El robo de combustible adquiere mayor sensibilidad en Cuba por la crisis energética y la falta de recursos para sectores clave. En ese contexto, las autoridades suelen aplicar un tratamiento penal más severo cuando se trata de sustracciones vinculadas a bienes estratégicos.
