El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó el 27 de octubre una solicitud urgente para reactivar una norma que permitía pausar ciertos procesos de deportación.
La decisión mantiene el bloqueo de la regulación de cierre administrativo, adoptada durante el gobierno de Joe Biden y cuestionada por Texas.
El rechazo no constituye una orden de deportación contra personas concretas: deja vigente la sentencia que anuló esa herramienta procesal.
¿Qué permitía el cierre administrativo?
El cierre administrativo retiraba temporalmente un expediente del calendario activo del tribunal migratorio, sin resolver el caso.
Los solicitantes que acudieron al Supremo defendieron su utilidad para personas que esperan otros trámites migratorios. En su escrito mencionaron a víctimas de delitos con peticiones de visa U pendientes.
También argumentaron que un aplazamiento de audiencia no sustituye esa herramienta, porque mantiene abierto el procedimiento en el calendario activo.
El acuerdo entre Texas y el Gobierno federal
Texas presentó su demanda el 22 de junio de 2026. Alegó que la regulación excedía las facultades legales de los tribunales migratorios.
El estado y el Gobierno federal solicitaron conjuntamente una sentencia que invalidara la norma. El tribunal de distrito aceptó el acuerdo y prohibió aplicarla.
Baltimore, Columbus y New Haven, junto con Centro Legal de la Raza, intentaron intervenir en el litigio para defender la regulación.
Según el escrito del Departamento de Justicia, las ciudades alegaron posibles pérdidas de ingresos fiscales y obstáculos para la colaboración de inmigrantes con las autoridades.
Centro Legal de la Raza sostuvo que afrontar nuevamente procesos de deportación de clientes con expedientes cerrados exigiría más tiempo de su personal.
