Cuba concederá una exención aduanera a determinados autos eléctricos importados directamente por personas naturales residentes en el país.
El beneficio no será automático para todos los vehículos. La nueva norma exige una condición vinculada con la generación renovable de electricidad.
¿Qué autos quedarán libres del arancel?
La exención se aplicará a un auto o auto rural totalmente eléctrico importado por única vez mediante equipaje no acompañado o envío.
El vehículo deberá llegar acompañado de su estación de carga alimentada con fuentes renovables de energía. Esa instalación tendrá que garantizar la cobertura total necesaria para cargar el auto.
La medida incluye a personas naturales cubanas y extranjeras con residencia permanente, temporal, inmobiliaria, provisional o humanitaria en Cuba.
La exención no cubre cualquier gasto
La eliminación corresponde al impuesto aduanero aplicable al vehículo cuando cumple la condición energética.
Esto no significa que todo el proceso resulte gratuito. Pueden existir gastos de transportación, seguro, manipulación, almacenamiento, certificación y servicios técnico-productivos de la Aduana.
La tarifa máxima por el despacho aduanero de un auto eléctrico fue fijada en 22 dólares. Ese servicio es diferente del arancel de importación.
¿Qué ocurre si el auto llega sin la estación renovable?
Cuando el vehículo no incluya la estación de carga exigida, el propietario deberá pagar un impuesto aduanero según su valor.
El importe comienza en 500 dólares para autos valorados hasta 10.000 USD. La cifra aumenta por tramos y puede llegar a 2.000 dólares cuando el vehículo supera los 30.000 USD.
El pago deberá realizarse mediante tarjetas internacionales o tarjetas prepagadas nacionales en dólares estadounidenses o su equivalente en otra moneda convertible.
Requisitos técnicos para completar la importación
Los autos deberán tener el timón originalmente instalado a la izquierda. Las marcas y modelos estarán sujetos a la aprobación del Comité Evaluador de Medios Automotores.
Los vehículos usados no podrán superar los diez años de antigüedad. Tampoco deberán presentar daños por accidentes ni faltantes en sus componentes principales.
La política busca favorecer el uso de medios eléctricos sin aumentar la demanda sobre una red nacional que atraviesa una grave crisis de generación.
Por esa razón, el incentivo fiscal queda ligado a una solución de carga independiente y basada en fuentes renovables. Las nuevas disposiciones entrarán en vigor siete días después de su publicación en la Gaceta Oficial.
