La demanda de cubanos con I-220A avanzó con una nueva versión del reclamo y varias decisiones procesales pendientes en una corte federal de Miami.
Los abogados de los 992 demandantes presentaron el 18 de septiembre una segunda demanda enmendada en el caso Bello-Rubio v. Noem.
La jueza federal Jacqueline Becerra había solicitado esa modificación tras rechazar, el 10 de septiembre, el intento del Gobierno de Estados Unidos de cerrar el litigio.
Una cuestión clave sobre la detención
La nueva demanda debe abordar bajo qué autoridad migratoria fueron detenidos originalmente los demandantes antes de recibir el formulario I-220A.
Sus abogados cuestionan cómo las autoridades procesaron y liberaron a estas personas. Buscan que esas circunstancias puedan recibir reconocimiento jurídico como parole.
El Gobierno sostiene que una I-220A no equivale a un parole. También defiende que esa autorización migratoria debe otorgarse mediante una evaluación individual.
La jueza aún no ha resuelto esa disputa. Tampoco ha determinado que el documento permita solicitar automáticamente la residencia mediante la Ley de Ajuste Cubano.
Posible unión con otros tres litigios
Becerra también analiza si corresponde unir Bello-Rubio con los casos Morejon, Echazabal-Verdecia y Cabrera Mollinedo.
Los representantes de los demandantes respondieron sobre esa posibilidad el 15 de septiembre. El Gobierno presentó su posición tres días después.
Una unión permitiría examinar conjuntamente litigios que plantean asuntos jurídicos relacionados. Esa decisión procesal no representaría una victoria para los demandantes.
La demanda de cubanos con I-220A comenzó con 992 personas, pero sus abogados pretenden convertirla en una acción colectiva.
Con esa solicitud buscan que una eventual decisión pueda beneficiar a otros cubanos procesados bajo circunstancias similares. La corte todavía debe decidir si autoriza esa ampliación.
El Gobierno responderá en octubre
El tribunal también estudia una petición de protecciones para los demandantes mientras continúa el proceso judicial.
El Gobierno solicitó una prórroga para responder sobre esas medidas y sobre la propuesta de demanda colectiva. Los abogados de los cubanos no se opusieron.
Becerra concedió la extensión y fijó como nuevo plazo el 9 de octubre de 2026. Esa respuesta marcará el próximo paso programado del caso.
Hasta ahora, el litigio no ha cambiado la situación migratoria de quienes poseen una I-220A. Tampoco concede residencia permanente a los 992 demandantes.
Incluso una decisión favorable sobre el parole no otorgaría automáticamente una residencia. Cada solicitante tendría que cumplir los demás requisitos migratorios aplicables.
La corte deberá pronunciarse además sobre la posible unión de los cuatro casos, sin una fecha anunciada para esa decisión.
